EL UNIVERSAL ��������������������������������������������������������� Caracas, lunes 25 de Julio de 2005

 

Justicia arrodillada

 

Subordinar la justicia a una dimensi�n ideol�gica rest�ndole autonom�a y eficacia, es colocar la locomotora fuera de los rieles, dejando los vagones indefensos y abandonados. Por ello se ha ido produciendo una deslegitimaci�n del Ministerio P�blico y de los tribunales.

 

El centro de inter�s es desde un punto de vista noticioso la delincuencia, la guerrilla, los grupos paramilitares y la inseguridad en general. El centro de inter�s puede ser tambi�n el criminal, pero lo que debe concentrar el mayor de los esfuerzos de la administraci�n p�blica es el proceso penal, cuando el �ndice de condenas es escas�simo y triunfa la impunidad.

 

En este contexto est�n las declaraciones de la directora ejecutiva de Cofavic, analizando modus operandis espec�ficos, que revelan desviaciones y perversiones en los cuerpos de seguridad y en la administraci�n de justicia propiamente dicha. Por eso la gravedad del alerta, al comprobarse que en Venezuela todo ciudadano est� sometido a un alto riesgo.

 

Tal como lo ha se�alado Cofavic, la politizaci�n del sistema penal y su ineficiencia, aparte de la inexistencia de una pol�tica criminal, que es un conjunto de acciones encaminadas a prevenir y reducir la criminalidad en forma cient�fica y racional, culminan en esta creciente inseguridad.

 

En consecuencia, la justicia penal tiene que ser profesional y coordinada con la prevenci�n, la investigaci�n, la represi�n y el tratamiento penitenciario, porque las relaciones entre justicia y sociedad tienden a desestabilizar m�s aun a esta �ltima. De all� esa sensaci�n de inseguridad frente a las declaraciones gubernamentales y la manipulaci�n de las estad�sticas.

 

La mayor�a de los lineamientos y procedimientos de control social exigen una revisi�n profunda y la prioridad absoluta es el combate racional contra la pobreza, con la participaci�n de todos los sectores sociales, econ�micos y pol�ticos del pa�s. La lucha contra la pobreza no es exclusiva de nadie sino de la Naci�n entendida como un conjunto armonioso y productivo.

 

Hay que trabajar muy de cerca con especialistas nacionales y extranjeros, mantener el esquema de la descentralizaci�n policial, perfeccionar los mecanismos regionales de coordinaci�n y fortalecer a la justicia haci�ndola profesional, aut�noma y objetiva. Esa es la m�xima aspiraci�n de los ciudadanos.