EL UNIVERSAL                                                                       Caracas, Viernes 29 de julio de 2005

Para los juristas se estrenó la reforma del Código Penal

EDGAR LOPEZ

 

Ni Héctor Faúndez ni Pedro Nikken, especialistas en materia de libertad de expresión, recuerdan un caso similar a la acción contra el diario El Universal que anunció este miércoles el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez.

Según Faúndez, la apertura de una averiguación penal contra un medio de comunicación social debe preocupar a toda la sociedad venezolana.

"En esta oportunidad se está tratando de penalizar una opinión crítica a través de un editorial. Pero el mensaje es claro en cuanto a la intolerancia y represión de cualquier objeción al desempeño de las autoridades y organismos del poder público. Así pues dijo Faúndez el amedrentamiento forma parte de una actuación sistemática del Ministerio Público frente a la disidencia".

En su más reciente libro, titulado Los límites de la libertad de expresión (UNAM, México, 2004), Faúndez recuerda que se trata de un derecho instrumental, pues es imprescindible para el ejercicio de otros derechos: "La libertad de expresión constituye un muro de contención frente al poder estatal y, al mismo tiempo, forma parte de los mecanismos de control de que dispone la sociedad frente a los órganos del poder público".

El coordinador del posgrado en Derechos Humanos de la UCV considera que lo ocurrido es el "estreno" de la reciente reforma del Código Penal, mediante la cual se "refinó" el delito de vilipendio, pues se aumentaron las penas para quien pueda ofender a las instituciones a través de críticas al desempeño de los funcionarios que las encarnan.

"Desde 1994, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la incompatibilidad de este tipo de delitos con la Convención Americana de Derechos Humanos, la mayoría de los países del hemisferio han entendido que se trata de disposiciones legales que impiden un debate político sin inhibiciones", explicó Faúndez.

Para ilustrar la desigualdad ante la ley implícita en el delito de vilipendio, el jurista comentó que, por ejemplo, "el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, no hizo nada cuando el presidente Hugo Chávez arremetió contra el cardenal Rosalio Castillo Lara. Todo esto _concluyó Héctor Faúndez_ es un exabrupto que tiende a silenciar a los medios de comunicación y a la oposición".

Respuestas y no evasiones
El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, calificó como desproporcionada la reacción del fiscal frente al editorial "Justicia arrodillada", publicado el pasado 25 de julio. Sin embargo, desde su punto de vista, es lógico que la opinión de un medio despierte sensibilidades, "sobre todo en gobiernos que no están abiertos a la crítica y a la libre circulación de ideas, propias de una sociedad democrática".

Nikken sugirió al fiscal que en vez de abrir una averiguación penal contra El Universal, debería tomar nota de los numerosos señalamientos a través de distintos medios de comunicación social "y no evadir, como lo ha venido haciendo Rodríguez, respuestas a los temas de fondo en lo atinente a la independencia y eficacia del Ministerio Público como órgano que dirige la investigación de delitos y el combate contra la impunidad".

A modo de recordatorio, el jurista mencionó la desviación de algunas investigaciones con fines políticos y la manipulación de información, como habría ocurrido con el caso de asesinato del fiscal Danilo Anderson.

"Rodríguez debe enmendar lo que haya que enmendar, responder con hechos concretos y no limitarse a desgarrarse las vestiduras por haber sido ofendido y, a partir de allí, pretender la represión penal".

Y a la sociedad civil (con especial énfasis en las organizaciones de derechos humanos) Pedro Nikken instó a emprender la mayor movilización posible en defensa de la libertad de expresión.

 

EL UNIVERSAL                                                                       Caracas, Sábado 30 de julio de 2005

Alberto Arteaga explicó que la opinión está exenta de sanciones penales
"Exigir eficacia al Ministerio Público no puede ser delito"

Según el jurista, no hay vilipendio ni ultraje ni difamación ni injuria

Alberto Arteaga

EDGAR LOPEZ

La apertura de una averiguación penal contra El Universal replantea el debate sobre los límites y alcances de la libertad de expresión. Incluso en términos elementales, pues cabría preguntarse si en una sociedad democrática es concebible que alguien sea sancionado por opinar.

Según el jurista Alberto Arteaga Sánchez, todos podemos opinar lo que nos parezca y como nos parezca sin limitación alguna: "La opinión, a diferencia de los hechos, no es verdadera ni falsa. En ese sentido, la opinión está exenta de sanción".

Arteaga considera que el contenido del editorial Justicia arrodillada, publicado el pasado 25 de julio, no es nada novedoso: "Con expresiones mucho más fuertes se han expresado todos los que, de una u otra manera, se han ocupado de los vicios de la administración de justicia. En todos los tiempos y en todos los medios se ha criticado la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público y jamás se le había ocurrido a fiscal general alguno una acción similar".

El ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Polí ticas de la Universidad Central de Venezuela explicó que cuando la opinión se refiere al funcionamiento de la Administración Pública, mediante el escrutinio del desempeño de sus autoridades se está ejerciendo el derecho a la participación ciudadana que atraviesa todo el ordenamiento constitucional vigente. "Exigir eficacia a la Fiscalía no puede ser delito", agregó Arteaga.

Ni vilipendio ni nada
Como quiera que Isaías Rodríguez se refirió a la presunta comisión del delito de vilipendio, Arteaga explicó que el mismo está establecido en el artículo 149 del Código Penal recientemente reformado y no incluye como sujeto pasivo al Ministerio Público.

En efecto, la norma indica taxativamente que el vilipendio puede cometerse contra la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de Ministros, los consejos legislativos de los estados, los tribunales superiores y los concejos municipales.

Según el jurista, tampoco cabría la posibilidad de ultraje, pues el artículo 225 del Código Penal indica que este delito implica la ofensa durante el ejercicio de las funciones del órgano del Poder Público involucrado. A diferencia del tipo de críticas que, sin temor alguno, se formulan desde otros editoriales, El Universal no se refirió expresamente a Isaías Rodríguez. Por ello el fiscal general tampoco podría sostener que él, en lo personal, es eventual víctima de los delitos de difamación o injuria.

Arteaga comentó que Rodríguez se apresuró a mencionar a los miembros del Consejo Editorial de El Universal y, específicamente, a Juan Martín Echeverría, con lo cual hizo una imputación pública y desde ya los afectados deberían tener acceso al respectivo expediente.

"Es una situación atípica, pues el Ministerio Público, que es único e indivisible, ha emprendido una investigación donde la misma Fiscalía es la presunta víctima y sin elementos que indiquen, en forma seria, que se ha cometido un delito. A efectos de una verdadera imparcialidad sería necesario designar un fiscal ad hoc, ajeno al Ministerio Público. Más económico sería admitir que no hay nada que investigar".

 

EL UNIVERSAL                                                           Caracas, Jueves 4 de agosto de 2005

Díaz Rangel cree que es "un error" la investigación

 

MIRIAM RIVERO

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Puerto La Cruz. El director del diario Ultimas Noticias y ex profesor universitario, Eleazar Díaz Rangel, considera que "fue un error del fiscal general, solicitar que se investigara si hubo un hecho punible en el editorial, titulado Justicia arrodillada, publicado por El Universal".

Díaz Rangel, ponente en el foro "La democracia y los medios de comunicación", organizado por la Gobernación de Anzoátegui este miércoles, declaró a los medios que está en desacuerdo con la decisión que tomó el fiscal contra El Universal y aseguró que no fue una respuesta acertada ante la opinión del diario.

De igual modo, aludió a las agresiones en contra de los profesionales de la prensa y refirió que las mismas han sido condenadas desde todos los ámbitos e instituciones.

Empero, Díaz Rangel cuestionó que no exista plena libertad de expresión en el país: "porque algunos medios no publican cosas que son ciertas, por razones que uno no conoce". En cuanto a la presión oficial sobre varios medios y periodistas, dijo que él ha pedido un pronunciamiento por parte de los supuestos afectados y nadie ha dicho nada.

Por su parte, el presidenteeditor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, también se refirió a la investigación del Ministerio Público contra El Universal . Otero, en una entrevista en Globovisión, cree que se está intentando un "globo de ensayo para aprobar el artículo de desacato en la reforma del Código Penal".

 

EL UNIVERSAL                                                           Caracas, Sábado 13 de agosto de 2005

 

ONG rechazaron el "autoritarismo"
"Investigación a El Universal intenta la autocensura"

 

 

Sociedad civil condeno la medida

Las organizaciones Expresión Libre y Comunicadores por la Paz y la Democracia elevaron su voz de protesta y condena a las "graves" imputaciones que hizo el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, contra El Universal , por considerar que se está trantando de "penalizar" la opinión.

A través de una carta, su coordinadora general, Silvia Alegrett, asegura que el "recocimiento que hace el Ministerio Publico de que no hubo vilipendio ni injuria, demuestra una vez más que las imputaciones del Fiscal, enmascaradas con un manto de legalidad, forman parte de la política firme de un Estado autoritario que busca amdrentar y provocar la autocensura de los medios de comunicación, en un intento desesperado por acallar los graves problemas de ineficiencia y corrupcion que aquejan a nuestro país".

A su juicio, esta acción emprendida por la Fiscalía demuestra "cuan acertadas" eran las críticas que hiciera la "mayoría" de los venezolanos a la reforma del Código Penal y a la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, por cuanto se "legaliza el acoso a los medios de comunicación, lo que termina de resultar en una mordaza para la circulación de las opiniones".

Finalmente, las organizaciones Expresión Libre y Comunicadores por la Paz y la Democracia expresan su "solidaridad" a todo el equipo de El Universal por este nuevo "atropello" a las libertades ciudadanas.