EL UNIVERSAL Caracas,
Viernes 29 de julio de 2005
SIP e Ipys cuestionan proceso contra El Universal
Rechazan averiguación
de la Fiscalía
La acción
revela que en el país "emitir una opinión genera consecuencias"
JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
De "grave intromisión en la política
editorial de un medio independiente" y como un "agravio a la libertad
de expresión" tildó la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) la
investigación penal que el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, ordenó abrir contra El Universal por la
publicación del editorial Justicia arrodillada, que apareció en la edición del
lunes 25 de julio.
En comunicado
de prensa, el presidente de la Comisión de Libertad
de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, afirmó que "esta nueva acción
demuestra y reitera la existencia de una estrategia gubernamental contra la
libertad de prensa, para lo cual el Gobierno venezolano reformó el Código
Penal, aumentando las penas por las críticas contra la gestión de los
funcionarios públicos".
El también
director del diario guatemalteco Prensa Libre criticó a los funcionarios
públicos venezolanos por aceptar las críticas, "con lo que desconocen el
valor y el papel del periodismo en una sociedad democrática, en donde debe
haber un alto grado de tolerancia a las críticas, máxime cuando se trata de
opiniones que deben ser rebatidas y debatidas en igualdad de condiciones".
El vocero de
la organización que agrupa a los editores y propietarios de los medios impresos
del hemisferio dijo que "el intimidar a los medios de comunicación
mediante investigaciones o amenazas de investigaciones y de penalidades, no es
más que abusar de privilegios gubernamentales. El fin último de estas acciones
es limitar la libertad de prensa y el derecho a la información del pueblo venezolano".
Concluyó su
declaración asegurando que la Sociedad Interamericana de Prensa
seguirá defendiendo que "ningún medio de comunicación ni periodista debe
ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas".
De golpear a
intimidar
Aunque el miembro del Instituto de Prensa y Sociedad, Andrés
Cañizales, descartó que la averiguación abierta a El Universal, se traduzca en
alguna acción concreta contra el diario, vista "la inoperancia"
demostrada por el Ministerio Público, advirtió que el solo anuncio de Isaías
Rodríguez es "un mecanismo de amedrentamiento"
de medios y personas.
"En el
período 2002-2004 tuvimos muchas expresiones de violencia contra periodistas y
medios, pero en este año hemos visto que han utilizado los medios judiciales
para amedrentarlos", afirmó, al tiempo que agregó que "el uso de la Justicia contra la libertad de
expresión nos podría llevar a una situación como la vivida en Panamá
recientemente, donde 40% de los periodistas tenían abiertas causas con la Justicia, aunque ninguno estaba
preso".
Por último,
aseveró que el anuncio del fiscal general revela que en Venezuela no hay
absoluta libertad de expresión, sino libertad de crítica, pues "las
opiniones traen consecuencias".
Espacio
Público exige inmediata paralización de la
investigación
De "atentatorio contra la libertad de
expresión" calificó el vocero de la organización no gubernamental Espacio
Público, Carlos Correa, la investigación penal que el Ministerio Público inició
contra El Universal, por lo que solicitó su inmediata paralización.
"El
fiscal (Isaías Rodríguez) puede expresar su opinión en relación con un artículo
en el que sale mencionado, pero recurrir al delito de vilipendio, que no es más
que el ultraje a una institución pública, es contrario al derecho a la libertad
de expresión, no sólo en el Sistema Interamericano sino en el Sistema Universal
de Derechos Humanos", afirmó.
Tras recordar
que la opinión no puede ser objeta a persecución penal, Correa recordó que
"el vilipendio es una figura premoderna; es decir, anterior a la Revolución Francesa, la cual
servía para proteger a los religiosos y monarcas de las críticas, pero la Revolución estableció el
principio de la igualdad. Todos somos iguales, incluyendo a los funcionarios
públicos y no se puede utilizar esa figura para impedir que se emitan opiniones
sobre ellos"._JFA
EL UNIVERSAL Caracas,
Domingo 31 de julio de 2005
Eduardo Bertoni espera una invitación del Estado para visitar el
país
"Venezuela
marcha a contravía en cuanto a libertad de expresión"
No se descarta
que el caso de El Universal llegue a la Comisión
Interamericana
EDGAR LOPEZ
El relator especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni, considera que
la apertura de una averiguación penal contra El Universal se debe analizar en
el contexto de las actuaciones de los diversos órganos del poder público frente
a la función contralora que ejercen medios y
periodistas venezolanos.
Desde su punto
de vista, la preocupación que ha generado el anuncio realizado por el fiscal
general de la República, Isaías
Rodríguez, el pasado miércoles, sólo es mayor en la medida en que se habría
consumado la amenaza advertida por la misma Relatoría, luego de que se aprobó
la última reforma del Código Penal, el 16 de marzo de este año.
"Nos
preocupa porque los delitos de desacato han sido declarados incompatibles con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos desde 1994. A partir de
entonces, muchos países han derogado el vilipendio, entre ellos Argentina y
Chile. Hace sólo dos semanas, desde la Relatoría celebramos
públicamente las decisiones de la Corte Constitucional de Guatemala
y de la Suprema Corte de Honduras
mediante las cuales se declaró la inconstitucionalidad de los delitos de desacato.
La preocupación que tenemos _insistió Bertoni_ es que
Venezuela está marchando a contravía en cuanto a libertad de expresión y en
contraste con lo que están haciendo otros países del hemisferio".
En búsqueda de
orígenes más remotos, Bertoni recordó que esta
posición del Estado venezolano tiene su fundamento en la jurisprudencia sentada
por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia y, en particular, a través de la sentencia 1.942.
Más que muchos
venezolanos, el relator para la Libertad de Expresión
de la CIDH tiene en
cuenta que dicho fallo convalidó la penalización, con cárcel, de los eventuales
excesos en el ejercicio de la libertad de expresión. Además, sobre la base del
principio de soberanía nacional, el Tribunal Supremo de Justicia desconoció el
carácter vinculante de opiniones y recomendaciones de los órganos del sistema
interamericano de protección de derechos humanos. De esta forma, se ha hecho
caso omiso al informe de la CIDH mediante el
cual se declaró la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Como un
segundo aspecto a considerar en el análisis de la acción del fiscal general
contra El Universal, Bertoni mencionó, precisamente,
la más reciente reforma del Código Penal: "Por lo que hemos dicho, el
aumento de las penas correspondientes a delitos contra el honor y la reputación
de funcionarios públicos es preocupante. Pero más preocupante es que este
código se pueda poner en práctica cuando las expresiones están relacionadas con
las simples críticas a la gestión de los organismos públicos".
A la espera de
invitación
Bertoni indicó que no podía
adelantar mayores opiniones sobre la acción fiscal emprendida por la
publicación del editorial "Justicia arrodillada", pues eventualmente
el caso pudiera ser elevado a la consideración de los órganos del sistema
interamericano de protección de los derechos hu
manos.
Explicó que no
es tan simple acudir a las instancias internacionales, pues antes se deben
agotar todos los recursos legales que ofrece la legislación venezolana para
resolver la controversia planteada por Isaías Rodríguez.
Por lo demás,
es probable que el expediente contra El Universal apenas esté integrado por un
ejemplar de la edición del diario del pasado 25 de julio y quizás por las
primeras reacciones divulgadas por la prensa a favor o en contra de la
iniciativa fiscal.
Ante la
posibilidad de que esta investigación fiscal se convierta en una especie de
espada de Damocles, Bertoni convino en admitir que
"en general, sin referencia a específica a éste o a cualquier caso en
concreto, los procesos penales emprendidos a partir de expresiones que se
consideran ofensivas a altos funcionarios públicos tienen un efecto
inhibitorio, de amedrentamiento. Esta es una de las
razones por las cuales la CIDH considera que
este tipo de procesos penales generan sanciones que son desproporcionadas
porque generan intimidación".
Según Bertoni, "está librado el criterio de los
representantes jurídicos _de El Universal_ a efectos de estudiar la posibilidad
de solicitar otro tipo de medidas a la Comisión
Interamericana. Los reglamentos indican la posibilidad
solicitar protección en casos excepcionales, cuando está en grave riesgo el
ejercicio de un derecho. Por ejemplo, la Comisión y la Corte han acordado medidas
cautelares y provisionales en favor de varios periodistas y medios de
comunicación social venezolanos que han denunciados amenazas a su
integridad".
La posibilidad
de salvaguardar derechos a través de medidas acordadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos
Humanos se ha enfrentado a múltiples dificultades y, de hecho, los organismos
del sistema interamericano han verificado el incumplimiento del Estado
venezolano, en ocasiones con contumacia.
"Por lo
que a nosotros respecta, los temas que nos han preocupado y que están en
nuestros informes tienen que ver con reformas legislativas que se han producido
en Venezuela. La Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión ha sido objeto de pronunciamientos
de la Relatoría y de la Comisión
Interamericana, porque consideramos que tienen disposiciones
problemáticas para el ejercicio de la libertad de expresión. Nos hemos
pronunciado respecto a la reforma del Código Penal que, según entiendo, ha
tenido una repercusión directa en el caso El Universal. Y también hemos seguido
las acciones penales contra algunos periodistas, pues consideramos que pueden
implicar mecanismos de amedrentamiento. Son varias
situaciones que vienen siendo objeto de seguimiento desde 2003".
El relator
dijo que no tiene una respuesta para la desesperanza que genera la poca
efectividad que han tenido los pronunciamientos de los órganos del sistema
interamericano de protección de los derechos humanos: "Nosotros vamos a
seguir haciendo las observaciones que consideremos pertinentes respecto de
Venezuela o de cualquier Estado. La desesperanza tiene que ser evaluada por los
venezolanos".
Eduardo Bertoni se mantiene a la espera de que el Estado venezolano
le formalice una invitación para visitar Venezuela y, de primera mano, obtener
información sobre el caso de El Universal y la situación de la libertad de
expresión en el país.
Signos de fragilidad
En mayo de 2002, en atención a una invitación
del presidente Hugo Chávez, los miembros de la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos realizaron una visita oficial a Venezuela y el informe
correspondiente, referido a hechos ocurridos hasta octubre de 2003, fue
publicado el 18 de marzo de 2004.
El documento
(disponible en www.cidh.org) destaca varios aspectos positivos de la Constitución Nacional vigente desde
diciembre de 1999, entre ellos la norma que reconoce rango constitucional a los
tratados de derechos humanos ratificados por el Estado; la ampliación de las
condiciones jurídicas de la protección de la seguridad e integridad personal;
la inclusión de normas especiales sobre derechos humanos, como son los derechos
de los pueblos indígenas y los derechos económicos, sociales y culturales; y la
creación de nuevas instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos.
"Sin
embargo _se señala en el comunicado de prensa 9/04_ la CIDH observa preocupantes signos de fragilidad
institucional, entre los cuales figuran la falta de aplicación íntegra de la
nueva Constitución, la percepción de falta de independencia de los poderes del
Estado y la creciente concentración de poder en el Ejecutivo Nacional, la
actuación impune de ciertos grupos civiles armados y de grupos parapoliciales, los constantes ataques contra periodistas y
medios de comunicación y la tendencia hacia una militarización de la Administración
Pública mediante el rol cada vez más protagónico de la Fuerza Armada".
Ley de Contenido
El 30 de noviembre de 2004, la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la aprobación del Proyecto de
Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión, promovido por el
oficialismo.
El
pronunciamiento de la CIDH se fundamentó
en las informaciones aportadas por la Relatoría para la Libertad de Expresión en cuanto a
la incompatibilidad de dicha ley con el artículo 13 de la Conven ción Americana sobre Derechos Humanos.
En el
comunicado 25/04 se indicó: "el proyecto aprobado mantiene los
condicionamientos de veracidad y oportunidad de la información para la
definición de los programas informativos. La Comisión ha expresado
que ese tipo de condicionamientos vulneran el artículo 13 de la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos, asimismo, ha dicho que: no sería lícito invocar el derecho de la
sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura
previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a
criterio del censor (Opinión Consultiva Nro.
1985)".
Se advirtió
que el nuevo instrumento jurídico incluye términos vagos y sanciones que
podrían ser excesivas, con lo cual se puede "causar un efecto amedrentador
sobre los medios de comunicación y los periodistas, limitando el flujo de
información sobre cuestiones de interés público".
Además, se
cuestionó la hegemonía estatal sobre los organismos de control y sanción, pues
ello podía "resentir el ejercicio de la libertad de expresión".
EL UNIVERSAL Caracas,
Jueves 4 de agosto de 2005
Comité para la
Protección
de los Periodistas
Exhortan a cerrar
averiguación penal
El Comité para la Protección de los
Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización independiente y sin
fines de lucro que se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo,
envió una comunicación al fiscal general de la República, Isaías Rodríguez,
mediante la cual manifestó preocupación por la apertura de una averiguación
penal contra El Universal, a partir de la publicación del editorial
"Justicia arrodillada", del pasado 25 de julio.
"La Fiscalía ha invocado
anacrónicas disposiciones sobre el desacato o vilipendio que penalizan
expresiones ofensivas dirigidas a funcionarios públicos o instituciones del
Estado. Lo exhortamos a abandonar tal investigación, que tiene como fundamento
normas que suprimen el derecho democrático fundamental de la libertad de
expresión", se indica en el documento suscrito por la directora ejecutiva
de CPJ, Ann Cooper, y
reenviado al embajador de Venezuela en EEUU, Bernardo Alvarez;
el relator para la Libertad de Expresión
de la OEA, Eduardo Bertoni, así como a otras 24 organizaciones internacionales
dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la
información.
Se recordó que
en la comunidad internacional existe un consenso cada vez mayor en el sentido
de que los funcionarios públicos deben estar sujetos a una mayor fiscalización
y que éstos no deben gozar de mayor protección que resto de los integrantes de
la sociedad.
En ese orden
de ideas, se mencionaron los reiterados pronunciamientos del sistema
interamericano de derechos humanos contra las leyes de desacato: 1) el informe
de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre la incompatibilidad
de las leyes de desacato con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, emitido en 1994; 2) la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, suscrita en 2000; y 3) la
sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mauricio Herrera
Ulloa vs Costa Rica, según la cual las críticas a
funcionarios públicos deben gozar de "un margen de apertura a un debate
amplio respecto de asuntos públicos".
Se recordó que
recientemente Honduras y Guatemala erradicaron los delitos de desacato de sus
respectivos códigos penales, precisamente en acatamiento de la jurisprudencia
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
El Comité para
la Protección de los
Periodistas concluyó en su misiva señalando que "la investigación penal
contra El Universal sólo sirve para in timidar a los
críticos del Gobierno".
Por ello,
pidió al fiscal general de la República, Isaías
Rodríguez, que desista de la idea de perseguir penalmente al diario El
Universal o a cualquier otro ente público o privado que exprese su disidencia
frente a la actuación de las instituciones públicas venezolanas._EL