EL UNIVERSAL ����������������������� ����������������������� ����������� Caracas, Lunes 1 de agosto de 2005
En cinco a�os han muerto 17 testigos
Hasta principios de 2001, cuando las autoridades nacionales de la Fiscal�a y el Cicpc redoblaron esfuerzos para intentar detener al autodenominado Grupo Exterminio de Portuguesa, 65 personas habr�an sido ajusticiadas.
As� lo afirm� el fiscal Jos� Antonio Guerrero, cuando le correspondi� apelar de la libertad bajo fianza de los imputados que fue acordada por la jueza 14 de Juicio de Caracas, Tania Estrada, 20 de agosto de 2004. En esa oportunidad los acusados alegaron que ten�an m�s de dos a�os detenidos sin que se hubiera dictado sentencia definitiva en su contra.
El 27 de enero de 2005, Guison Gerardo Freire Guerrero, Segundo Antonio Dodobuto, Alvis Leal Ram�rez y Omar Antonio Romero March�n recobraron su libertad. Pero, por pocas horas, pues la apelaci�n del Ministerio P�blico fue declarada con lugar y, en definitiva, todos los acusados fueron trasladados desde el centro penitenciario de Uribana, en Lara, al internado judicial El Rodeo I, en Miranda. All� han permanecido recluidos mientras se resuelven las m�ltiples complicaciones para llevar a cabo el debate oral y p�blico que, finalmente, comenz� el pasado 29 de junio, ante el juez 17 de Juicio, Iv�n Dario Bastardo.
Hasta el presente, han comparecido a la audiencia 17 expertos, as� como una docena de funcionarios del Cicpc que inetervinieron en las investigaciones. Los primeros testigos rindieron declaraci�n el pasado martes y la audiencia se reanudar� ma�ana 2 de agosto. Se espera que la pr�xima semana el juez Bastardo emita la sentencia correspondiente sobre la culpabilidad o inocencia de los 13 funcionarios de la Polic�a del Estado Portuguesa acusados.
En agosto de 2004, el ex fiscal Guerrero (ya no forma parte del Ministerio P�blico) caracterizaba al Grupo Exterminio de la siguiente manera: "...se proclamaban como defensores y justicieros del pueblo, que mataban a habitantes de Araure, Acarigua y Guanare, haciendo creer que se trataba de delincuentes en su totalidad, creando en la ciudadania un clima de evidente solidaridad ante su acciones, debido a que los habitantes de la regi�n, falsamente, se sumerg�an en un pensamiento justiciero, que realmente se encontraba alejado del escenario que tras sus palabras se escond�a, ya que el desenlace de toda esta situaci�n no era otro que el cometer una serie de il�citos y el establecimiento de un clima an�rquico en la jurisdicci�n". El fiscal Jos� Gregorio Casta�eda, quien est� al frente del caso, ha dado cuenta de otras particularidades del caso Exterminio: han muerto 17 testigos de los hechos, presuntamente como represalias de otros polic�as involucrados en ajusticiamientos._EL
EL UNIVERSAL ����������������������� ����������������������� ����������� Caracas, Mi�rcoles 10 de agosto de 2005
Reclaman discusi�n de informe de DDHH de Gu�rico
SARA CAROLINA DIAZ
En los predios de la Asamblea Nacional se present� un grupo de familiares de las v�ctimas de derechos humanos provenientes del estado Gu�rico demandando que la directiva del Parlamento discuta el informe elaborado por la Comisi�n de Pol�tica Interior donde se establece la responsabilidad pol�tica del gobernador de la entidad central, Eduardo Manuitt.
El parlamentario y presidente de la Comisi�n de Pol�tica Interior, Nicol�s Sosa, cuestion� que el informe no aparezca en la agenda parlamentaria elaborada por la directiva para los pr�ximos d�as.
"Planteamos nuevamente la discusi�n del informe y fue rechazada. No aparece en la agenda del martes, ni del mi�rcoles ni el jueves. Lamentamos que Pedro Carre�o _quien presidi� la comisi�n coordinadora_, no pudiera salir a explicarle a las v�ctimas de G��rico qu� ocurre con el informe. Estamos a punto de comenzar las sesiones extraordinarias y si no se incorpora en la agenda entonces quedar� por fuera y no se discutir�a este a�o".
Sosa record� que las autoridades como el TSJ o la AN no han dado respuesta a esas denuncias.
EL UNIVERSAL ����������������������� ����������������������� ����������� Caracas, S�bado 13 de agosto de 2005
DERECHOS HUMANOS / Juez Iv�n Bastardo fall� contra 11 polic�as de Portuguesa
Condenan al Grupo Exterminio
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Los funcionarios policiales condenados permanecer�n recluidos en El Rodeo I
(Foto Jorge Santos)
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�Ante el Tribunal 17 de Juicio se ventilaron siete casos, en cuatro de los cuales no fueron fueron suficientes las pruebas aportadas por el Ministerio P�blico para demostrar la culpabilidad de los acusados
EDGAR LOPEZ
El juez 17 de Juicio, Iv�n Dar�o Bastardo, conden� a 11 de los 13 funcionarios de la Polic�a del estado Portuguesa que integraban el llamado Grupo Exterminio, pero s�lo por tres de los siete casos por los cuales fueron juzgados.
Aunque Bastardo hab�a anunciado que el fallo se divulgar�a a las 3:00 pm de ayer, fue a las 9:40 pm cuando revel� el resultado del debate oral y p�blico que comenz� el pasado 29 de junio y culmin� este jueves.
Segundo Antonio Dodobuto, Omar Antonio Romero Merch�n y Julio Gonz�lez fueron condenados a cumplir la pena de 15 a�os un mes y diez d�as de prisi�n por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de complicidad correspectiva y homicidio intencional calificado en grado de frustraci�n, en perjuicio de Alfonso Hidalgo Montilla y Juan Carlos Noguera. El hecho ocurri� el 21 de marzo de 2000.
Joel Francisco Castillo Santana, R�gulo Jos� Salazar, F�lix Segundo Rojas y Jos� Gregorio Fern�ndez fueron condenados a cumplir la pena de 12 a�os y diez meses de prisi�n por la comisi�n de los delitos de homicidio intencional calificado en grado de complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego, en perjuicio de los hermanos Ender Ram�n Alexander Gregorio y Gonzalo Mendoza Carvajal. El hecho ocurri� el 28 de noviembre de 2000.
Alvis Gregorio Leal Ram�rez fue condenado a 18 a�os y seis meses de prisi�n por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego. Su condena fue mayor porque tambi�n se determin� su responsabilidad penal por la muerte de Omar Alexander Medina Gal�ndez, hecho ocurrido el 28 de enero de 2001.
En el asesinato de Medina Gal�ndez tambi�n habr�an participado Arturo Azuaje y Edgar Antonio Mendoza Garc�a, quienes fueron condenados a cumplir la pena de 12 a�os y diez meses de prisi�n, por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de complicidad correspectiva y uso indebido de arma.
Adem�s, por la muerte de Medina Gal�ndez, Guinson Gerardo Freire Guerrero fue condenado a cumplir la pena de 11 a�os y cuatro meses de prisi�n, por el delito de homicidio intencional calificado en grado de cooperador inmediato.
Jaime Wilfredo Quevedo, acusado por robo agravado en perjuicio de Ciro Morillo, fue absuelto. Del mismo modo, recuper� su libertad Jos� Ram�n Paredes, quien hab�a sido acusado por el homicidio de Gregorio Ram�n Sivira Sivira, hecho ocurrido el 26 de octubre de 2001.
A modo de justificaci�n de las condenatorias, el juez Bastardo explic� que en todos los casos, excepto el de Juan Carlos Noguera, las v�ctimas murieron a causa de impactos de bala en el cr�neo y en el t�rax, lo cual permit�a dudar de la tesis del enfrentamiento o, en palabras de la defensa, del ejercicio leg�timo de la auto ridad.
Inconformidad general
A pesar de que 11 funcionarios de la Polic�a del estado Portuguesa anoche volvieron a El Rodeo I, el juicio por el caso del Grupo Exterminio no sirvi� para esclarecer cuatro casos, respecto de los cuales el juez Bastardo dict� sentencia absolutoria por falta de pruebas.
Por lo pronto, siguen impunes las muertes de Gregorio Ram�n Sivira Sivira; de C�sar Agray y Jimmy Rodr�guez; de Jos� Ram�n Rodr�guez, y de Ciro Morillo, quien figuraba como v�ctima de un robo, pero finalmente tambi�n fue asesinado.
Seg�n el fiscal Gilberto Landaeta, el juez Bastardo fue equilibrado en algunos aspectos, pero en otros no, por lo cual la Fiscal�a estudiar� la posibilidad de ejercer recurso de apelaci�n.
"Tenemos la convicci�n de que los elementos que fundamentaron las acusaciones fiscales se mantienen. Recordemos que muchos testigos fueron asesinados y no pudieron comparecer. En todo caso, la mayor�a de los acusados quedaron privados de su libertad", dijo el fiscal.
Por su parte, Miguel Alvarado, abogado defensor de varios de los funcionarios de la Polic�a del estado Portuguesa, tambi�n anunci� recurso de apelaci�n. Al referirse espec�ficamente al caso de los hermanos Mendoza, dijo que el juez s�lo valor� los elementos probatorios que desfavorec�an a sus representados: "Esta sentencia condenatoria atenta contra todos los principios del Derecho Procesal Penal ya que no se analizaron de manera objetiva los elementos de prueba. Podr�amos decir que es una sentencia marca Acme".
El Ministerio P�blico abund� en excusas
El juicio concluy� este jueves con la exposici�n de las conclusiones de los defensores de los 13 polic�as del Estado Portuguesa y de los fiscales del Ministerio P�blico Jos� Gregorio Casta�eda, Noel Pantoja, Didier Rojas y Gilberto Landaeta.
Rojas dedic� su intervenci�n a lamentar que se hayan desperdiciado todos los recursos que habr�a invertido el Estado en la formaci�n de los polic�as del estado Portuguesa para que protegieran a la ciudadan�a y que estaban en el banquillo de los acusados, precisamente, por hacer todo lo contrario. Luego Casta�eda se limit� a leer las siete acusaciones y solicitar sentencia condenatoria. Posteriormente, Landaeta refiri� que la proliferaci�n de los grupos de exterminio era un fen�meno latinoamericano y explic� que, por lo general, a los autores de estos hechos se les acusa por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, pues es casi imposible individualizar las responsabilidades penales; es decir saer qui�n mat� a quien.
Miguel Alvarado, defensor de varios de los acusados, comenz� su intervenci�n lamentando que los representantes del Ministerio P�blico, en vez de fundamentar con pruebas, cada una de las acusaciones, redujeran sus conclusiones sobre el juicio a hacer comentarios generales: "Aqu� no est� planteado un verdadero proceso contradictorio. Todos los testigos que aqu� comparecieron fueron promovidos por la Fiscal�a y, en vez de apuntalar las acusaciones, algunos dijeron que hab�an sido presionados y torturados por la misma Fiscal�a".
Todos los representantes de los polic�as coincidieron en se�alar que el Ministerio P�blico no hab�a logrado demostrar, con precisi�n de circunstancias de modo, tiempo y lugar, la comisi�n de delitos. Inisist�an en recordar al juez Bastardo que "las pruebas se forman en juicio" y que, en ese sentido, a efectos de una sentencia condenatoria, era imprescindible que cada uno de los testimonios, documentos y experticias fueran confirmados en el curso del debate oral y p�blico.
A diferencia de los fiscales, los defensores s� hicieron menci�n precisa (n�mero de identificaci�n, fecha de realizaci�n y ubicaci�n en el expediente, entre otros datos) de cada una de las pruebas promovidas. Una de las abogadas de los polic�as insisti� en que en contra de su cliente s�lo obraba una inspecci�n ocular que, por lo dem�s, no hab�a sido ratifaca por el funcionario que la practic�. El fiscal Landaeta (a quien se le reproch� haber asistido solo a dos sesiones del juicio) dijo que muchos testigos no comparecieron, por el miedo que infunden los miembros del Grupo Exterminio o, sencillamente, porque los hab�an matado.
Rojas resumi� las excusas: "Nosotros hacemos lo que humanamente podemos"._EL
Dos testigos denunciaron maltratos de la Fiscal�a
Roxana P�rez fue promovida por la Fiscal�a como testigo clave para el esclarecimiento de los homicidios de C�sar Enrique Agray M�ndez, Jimmy Ram�n Rodr�guez Rodr�guez y las lesiones sufridas por Francisco Jos� Lobo, el 28 de octubre de 2000.
Seg�n la acusaci�n, los funcionarios de la Polic�a del estado Portuguesa: Segundo Antonio Dodobuto S�nchez, Alvis Leal Ram�rez y Guinson Gerardo Freire Guerrero dispararon idiscriminadamente en contra de los tres hombres que se encontraban reunidos en el barrio 23 de Enero de Acarigua, aproximadamente a la 1:30 am. Luego los polic�as habr�an huido del lugar.
Todo ocurri� frente a la casa de Roxana P�rez y su esposo, quien era amigo de las v�ctimas. De hecho, la pareja se encarg� del traslado de los heridos al hospital, donde Agray M�ndez y Rodr�guez Rodr�guez murieron y donde Lobo estuvo convaleciente hasta que se fug�.
El mismo d�a de los hechos, ante la delegaci�n de la PTJ de Acarigua, P�rez habr�a reconocido a Dodobuto S�nchez como una de las personas que particip� en el crimen. Pero este jueves indic� que fue forzada a identificar a varios de los que, a la postre, fueron acusados: "Yo estaba en el hospital y Manuel Bastidas (funcionario del Cicpc) me agarr� por los pelos y me llev� a declarar. La abogada (Elizabeth De la Cueva, fiscal superior del Estado Portuguesa) me dec�a los nombres que yo ten�a que repetir. Manuel Bastidas me golpeaba a cada rato y la fiscal no hac�a nada".
Por otra parte, la Fiscal�a tambi�n confiaba en que Hugo Armando Molina Garc�a ratificar�a ante el Tribunal 17 de Juicio el testimonio que rindi� el 1 de agosto de 2001 y que fundament� la acusaci�n fiscal contra Alvis Gregorio Leal Ram�rez, Guinson Gerardo Freire Guerrero, Segundo Antonio Dodobuto S�nchez y Jos� Ram�n Paredes, por el homicidio de Jos� Ram�n Rodr�guez (padre de Jimmy Rodr�guez), ocurrido el 15 de mayo de 2001, en el caser�o Migajito del municipio P�ez.
Seg�n el Ministerio P�blico, los referidos polic�as utilizaron un veh�culo Ford Festiva sin placas, con vidrios ahumados y estaban encapuchados. Para la fecha en que ocurri� el homicidio de Rodr�guez Rodr�guez, los cuatro acusados se encontraban detenidos en su comando. El Ministerio P�blico asegur� que, sin mayor inconveniente pod�an salir del sitio de reclusi�n. En esa oportunidad, para asesinar al padre de Jimmy Rodr�guez, quien pocos d�as antes, junto a los familiares de otras v�ctimas del Grupo Exterminio, hab�a denunciado los hechos a trav�s del programa televisivo Justicia para todos.
En el expediente consta que Hugo Armando Molina Garc�a admiti� que fue el taxista que, sin saberlo, colabor� con los polic�as para ubicar y asesinar a Jos� Ram�n Rodr�guez.
Este jueves dijo que nada sab�a de los hechos sometidos a juicio y que hace cuatro a�os el funcionario Manuel Bastidas lo detuvo, lo traslad� a la sede de la Disip, lo golpe� y lo forzaron a firmar la declaraci�n que compromet�a a los acusados. Ante el cambio de parecer del testigo, los fiscales pidieron se le juzgara por cometer delito en audiencia._EL
"Mi madre tambi�n llora"
Los 13 acusados ocupaban la mitad de la sala de audiencias. En la otra mitad se apretujaban sus esposas y madres. No hab�a m�s espacio para que otros pudieran presenciar el juicio.
En varias oportunidades los acusados respondieron a los argumentos en su contra, ya fueren aportados por los fiscales o por los testigos promovidos por el Ministerio P�blico.
Luego de que la madre de Gregorio Ram�n Sivira Sivira acusara directamente a Jos� Ram�n Paredes como el autor material del homicidio del joven bachiller de 21 a�os de edad, el funcionario policial le ripost�: "Se�ora, yo puedo entender su dolor, pero mi madre tambi�n llora porque yo he estado cinco a�os preso. Lo que le puedo asegurar es que no fui yo quien lo mat�".
Entredientes, la madre inisti�: "Claro que fuiste t�, yo te vi".
Paredes era uno de los pocos acusados que no estaba acompa�ado por familiares. Cuando sali� en libertad, llor�.
"Paredes mat� a mi hijo"
Los familiares de varios de los fallecidos estuvieron en la �ltima sesi�n de la audiencia de juicio para respaldar la acusaci�n fiscal contra los funcionarios de la Polic�a del estado Portuguesa.
La m�s consternada de todos fue Ligia M�ndez de Agray, madre de C�sar Enrique Agray. Se dirigi� a los acusados: "Si ustedes son inocentes, est� bien, que salgan en libertad. Yo perd� a un hijo. Van a cumplirse cinco a�os y yo todav�a no me puedo recuperar. Un hijo duele demasiado. Yo conf�o en Dios, en que estas cosas no sigan ocurriendo. Yo vine hasta ac� en contra de mi familia. Uno se siente impotente...".
Luis Mendoza Carvajal, quien perdi� a tres hermanos, sali� del Tribunal 17 de Juicio sin muchas esperanzas: "A lo mejor nos burlamos de esta justicia, pero hay una justicia divina. En esa conf�o".
M�s brevemente, pero con mayor contundencia, se expres� Mar�a Priscila Sivira: "Paredes (Ram�n) mat� a mi hijo. Yo lo vi con mis propios ojos".
El Nacional - Viernes 16 de Septiembre de 2005� ����������� A/6
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Pol�tica
Fiscal�a imput� a polic�as de Gu�rico
ROSA RIVERO
El estado Gu�rico ocupa el d�cimo lugar en el pa�s en cuanto a la presunta violaci�n de derechos humanos y abusos policiales y en cuanto a efectivos investigados por esos hechos.
La directora de Protecci�n de los Derechos Fundamentales de la Fiscal�a General de la Rep�blica, Alis Boscan, revel� que desde el a�o 2000 hasta lo que va de 2005 se han abierto 167 casos relacionados con la violaci�n al derecho a la vida en los cuales est�n presuntamente implicados cerca de 131 funcionarios de esa regi�n llanera.
Boscan precis� que 98 de los se�alados pertenecen a la Polic�a de Gu�rico, 33 al Cuerpo de Investigaciones Cient�ficas, Penales y Criminal�sticas, 20 son de la Brigada de Intervenci�n y Apoyo (BIA), 6 de la Polic�a Municipal, 6 de la Guardia Nacional y 3 de la Disip.
El fiscal superior del estado Gu�rico, Jos� Morillo, mencion� que de los 167 expedientes abiertos por homicidios, se han registrado a la par un total de 800 casos de presuntas violaciones de derechos humanos.
Bosc�n explic� que ya se han imputado aproximadamente 70 funcionarios pertenecientes a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, donde hasta ahora se han establecido penas a cuatro funcionarios, entre los que destacan ex comandante de la Brigada de Intervenci�n y Apoyo, Wilfredo Febres.
El Nacional - S�bado 01 de Octubre de 2005� � A/6
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Pol�tica
Fiscal�a imput� a polic�as por presuntas violaciones de derechos humanos
Por su presunta participaci�n en homicidios y violaciones de derechos humanos ocurridos en los a�os 2000, 2003 y 2004, el Ministerio P�blico imput� a nueve funcionarios de la Polic�a del estado Carabobo.
El grupo encargado de la investigaci�n por parte del Ministerio P�blico est� integrado por la fiscal 20� con competencia nacional, Elsa Hern�ndez, y los fiscales 67�, 83� y 125� del �rea metropolitana de Caracas, Mar�a Eugenia del Grande, Elvis Rodr�guez y Franklin Nieves, respectivamente.
En la averiguaci�n tambi�n participa el fiscal 5� de Carabobo, Jaime Mart�nez.
A los oficiales Argenis Rafael Manaure y H�ctor Rojas Ca�as se les imput� la presunta comisi�n de los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, violaci�n de domicilio y uso indebido de arma de fuego en perjuicio de Roger David Hidalgo Seijas. Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2003.
Por este caso, y por la presunta comisi�n de los mismos delitos, fueron imputados anteriormente los polic�as Antonio Andrades Silva, Luis Benavides Urbina y Daniel Lamas Daza.
El Ministerio P�blico imput� adem�s a Jos� Ruiz Manzanero de la presunta comisi�n de los delitos de homicidio calificado por motivos f�tiles y con alevos�a, uso indebido de arma de fuego y simulaci�n de hecho punible en el caso de la muerte de C�sar Villaroel Rojas, en abril de 2003, durante un procedimiento policial en la avenida Lara con Branger, en el barrio La Milagrosa, en Valencia.
Los funcionarios indicaron que Villaroel cay� de una pared en la que se hab�a trepado mientras trataba de huir. El informe de la autopsia, sin embargo, se�al� que la v�ctima present� una herida de arma de fuego en la cabeza.
Igualmente, fueron imputados otros seis agentes de Policarabobo por su supuesta participaci�n en el homicidio de �ngel Le�n, quien apareci� muerto en una celda de la comisar�a policial de Montalb�n, en circunstancias que a�n no han sido aclaradas.
Por este caso, la Fiscal�a imput� a los funcionarios Silvia S�nchez Linares y David Camargo Ram�rez de homicidio calificado por motivos f�tiles y con alevos�a, privaci�n ileg�tima de libertad y simulaci�n de hecho punible. Por estos dos �ltimos delitos tambi�n fueron imputados Marco Le�n Vel�squez y Benita de las Mercedes Vel�squez.
Igual medida recay� sobre los funcionarios Carlos Rodr�guez S�nchez y Jos� Mart�nez Fern�ndez, pero por privaci�n ileg�tima de libertad y encubrimiento.
El Ministerio P�blico tambi�n tiene previsto imputar en los pr�ximos d�as a miembros del Cuerpo de Investigaciones Cient�ficas, Penales y Criminal�sticas y de la polic�a regional, mientras que contin�an las investigaciones en otros casos en los que aparecen se�alados.
Los imputados adquieren los derechos consagrados en varios art�culos del C�digo Org�nico Procesal Penal.