EL UNIVERSAL Caracas, Lunes 1 de agosto de 2005
En cinco años han muerto 17
testigos
Hasta principios
de 2001, cuando las autoridades nacionales de
Así lo afirmó el fiscal José
Antonio Guerrero, cuando le correspondió apelar de la libertad bajo fianza de
los imputados que fue acordada por la jueza 14 de Juicio de Caracas, Tania
Estrada, 20 de agosto de 2004. En esa oportunidad los acusados alegaron que
tenían más de dos años detenidos sin que se hubiera dictado sentencia
definitiva en su contra.
El 27 de enero de 2005, Guison Gerardo Freire Guerrero, Segundo Antonio Dodobuto, Alvis Leal Ramírez y
Omar Antonio Romero Marchán recobraron su libertad.
Pero, por pocas horas, pues la apelación del Ministerio Público fue declarada
con lugar y, en definitiva, todos los acusados fueron trasladados desde el
centro penitenciario de Uribana, en Lara, al internado
judicial El Rodeo I, en Miranda. Allí han permanecido recluidos mientras se
resuelven las múltiples complicaciones para llevar a cabo el debate oral y
público que, finalmente, comenzó el pasado 29 de junio, ante el juez 17 de
Juicio, Iván Dario Bastardo.
Hasta el presente, han
comparecido a la audiencia 17 expertos, así como una docena de funcionarios del
Cicpc que inetervinieron en
las investigaciones. Los primeros testigos rindieron declaración el pasado
martes y la audiencia se reanudará mañana 2 de agosto. Se espera que la próxima
semana el juez Bastardo emita la sentencia
correspondiente sobre la culpabilidad o inocencia de los 13 funcionarios de
En agosto de 2004, el ex
fiscal Guerrero (ya no forma parte del Ministerio Público) caracterizaba al
Grupo Exterminio de la siguiente manera: "...se proclamaban como
defensores y justicieros del pueblo, que mataban a habitantes de Araure, Acarigua y Guanare, haciendo creer que se trataba
de delincuentes en su totalidad, creando en la ciudadania
un clima de evidente solidaridad ante su acciones, debido a que los habitantes
de la región, falsamente, se sumergían en un pensamiento justiciero, que
realmente se encontraba alejado del escenario que tras sus palabras se escondía,
ya que el desenlace de toda esta situación no era otro que el cometer una serie
de ilícitos y el establecimiento de un clima anárquico en la
jurisdicción". El fiscal José Gregorio Castañeda, quien está al frente del
caso, ha dado cuenta de otras particularidades del caso Exterminio: han muerto
17 testigos de los hechos, presuntamente como represalias de otros policías
involucrados en ajusticiamientos._EL
EL UNIVERSAL Caracas, Miércoles 10 de agosto de
2005
Reclaman
discusión de informe de DDHH de Guárico
SARA CAROLINA
DIAZ
En los predios de
El parlamentario
y presidente de
"Planteamos
nuevamente la discusión del informe y fue rechazada. No aparece en la agenda
del martes, ni del miércoles ni el jueves. Lamentamos que Pedro Carreño _quien
presidió la comisión coordinadora_, no pudiera salir a explicarle a las
víctimas de Gúárico qué ocurre con el informe.
Estamos a punto de comenzar las sesiones extraordinarias y si no se incorpora
en la agenda entonces quedará por fuera y no se discutiría este año".
Sosa recordó que
las autoridades como el TSJ o
EL UNIVERSAL Caracas, Sábado 13 de agosto de 2005
DERECHOS HUMANOS
/ Juez Iván Bastardo falló contra 11 policías de
Portuguesa
Condenan
al Grupo Exterminio
Los funcionarios
policiales condenados permanecerán recluidos en El Rodeo I
(Foto Jorge
Santos)
Ante el Tribunal 17 de Juicio se ventilaron
siete casos, en cuatro de los cuales no fueron fueron
suficientes las pruebas aportadas por el Ministerio Público para demostrar la
culpabilidad de los acusados
EDGAR LOPEZ
El juez 17 de
Juicio, Iván Darío Bastardo, condenó a 11 de los 13
funcionarios de
Aunque Bastardo había anunciado que el fallo se divulgaría a las
3:00 pm de ayer, fue a las 9:40 pm
cuando reveló el resultado del debate oral y público que comenzó el pasado 29
de junio y culminó este jueves.
Segundo Antonio Dodobuto, Omar Antonio Romero Merchán y Julio González
fueron condenados a cumplir la pena de 15 años un mes y diez días de prisión
por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de complicidad correspectiva y homicidio intencional calificado en grado
de frustración, en perjuicio de Alfonso Hidalgo Montilla y Juan Carlos Noguera.
El hecho ocurrió el 21 de marzo de 2000.
Joel Francisco
Castillo Santana, Régulo José Salazar, Félix Segundo Rojas y José Gregorio
Fernández fueron condenados a cumplir la pena de 12 años y diez meses de
prisión por la comisión de los delitos de homicidio intencional calificado en
grado de complicidad correspectiva y uso indebido de
arma de fuego, en perjuicio de los hermanos Ender
Ramón Alexander Gregorio y Gonzalo Mendoza Carvajal. El hecho ocurrió el 28 de
noviembre de 2000.
Alvis Gregorio Leal Ramírez fue condenado a 18
años y seis meses de prisión por los delitos de homicidio intencional
calificado en grado de complicidad correspectiva y
uso indebido de arma de fuego. Su condena fue mayor porque también se determinó
su responsabilidad penal por la muerte de Omar Alexander Medina Galíndez, hecho
ocurrido el 28 de enero de 2001.
En el asesinato
de Medina Galíndez también habrían participado Arturo Azuaje
y Edgar Antonio Mendoza García, quienes fueron condenados a cumplir la pena de
12 años y diez meses de prisión, por los delitos de homicidio intencional
calificado en grado de complicidad correspectiva y
uso indebido de arma.
Además, por la muerte
de Medina Galíndez, Guinson Gerardo Freire Guerrero
fue condenado a cumplir la pena de 11 años y cuatro meses de prisión, por el
delito de homicidio intencional calificado en grado de cooperador inmediato.
Jaime Wilfredo
Quevedo, acusado por robo agravado en perjuicio de Ciro Morillo, fue absuelto.
Del mismo modo, recuperó su libertad José Ramón Paredes, quien había sido
acusado por el homicidio de Gregorio Ramón Sivira Sivira, hecho ocurrido el 26 de octubre de 2001.
A modo de
justificación de las condenatorias, el juez Bastardo
explicó que en todos los casos, excepto el de Juan Carlos Noguera, las víctimas
murieron a causa de impactos de bala en el cráneo y en el tórax, lo cual
permitía dudar de la tesis del enfrentamiento o, en palabras de la defensa, del
ejercicio legítimo de la auto ridad.
Inconformidad general
A pesar de que 11
funcionarios de
Por lo pronto,
siguen impunes las muertes de Gregorio Ramón Sivira Sivira; de César Agray y Jimmy Rodríguez; de José Ramón Rodríguez, y de Ciro
Morillo, quien figuraba como víctima de un robo, pero finalmente también fue
asesinado.
Según el fiscal
Gilberto Landaeta, el juez Bastardo fue equilibrado
en algunos aspectos, pero en otros no, por lo cual
"Tenemos la
convicción de que los elementos que fundamentaron las acusaciones fiscales se
mantienen. Recordemos que muchos testigos fueron asesinados y no pudieron
comparecer. En todo caso, la mayoría de los acusados quedaron privados de su
libertad", dijo el fiscal.
Por su parte,
Miguel Alvarado, abogado defensor de varios de los funcionarios de
El Ministerio
Público abundó en excusas
El juicio
concluyó este jueves con la exposición de las conclusiones de los defensores de
los 13 policías del Estado Portuguesa y de los fiscales del Ministerio Público
José Gregorio Castañeda, Noel Pantoja, Didier Rojas y Gilberto Landaeta.
Rojas dedicó su intervención a
lamentar que se hayan desperdiciado todos los recursos que habría invertido el
Estado en la formación de los policías del estado Portuguesa para que
protegieran a la ciudadanía y que estaban en el banquillo de los acusados,
precisamente, por hacer todo lo contrario. Luego Castañeda se limitó a leer las
siete acusaciones y solicitar sentencia condenatoria. Posteriormente, Landaeta
refirió que la proliferación de los grupos de exterminio era un fenómeno
latinoamericano y explicó que, por lo general, a los autores de estos hechos se
les acusa por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva,
pues es casi imposible individualizar las responsabilidades penales; es decir saer quién mató a quien.
Miguel Alvarado, defensor de
varios de los acusados, comenzó su intervención lamentando que los
representantes del Ministerio Público, en vez de fundamentar con pruebas, cada
una de las acusaciones, redujeran sus conclusiones sobre el juicio a hacer
comentarios generales: "Aquí no está planteado un verdadero proceso
contradictorio. Todos los testigos que aquí comparecieron fueron promovidos por
Todos los representantes de
los policías coincidieron en señalar que el Ministerio Público no había logrado
demostrar, con precisión de circunstancias de modo, tiempo y lugar, la comisión
de delitos. Inisistían en recordar al juez Bastardo que "las pruebas se forman en juicio" y
que, en ese sentido, a efectos de una sentencia condenatoria, era
imprescindible que cada uno de los testimonios, documentos y experticias fueran
confirmados en el curso del debate oral y público.
A diferencia de los fiscales,
los defensores sí hicieron mención precisa (número de identificación, fecha de
realización y ubicación en el expediente, entre otros datos) de cada una de las
pruebas promovidas. Una de las abogadas de los policías insistió en que en
contra de su cliente sólo obraba una inspección ocular que, por lo demás, no
había sido ratifaca por el funcionario que la
practicó. El fiscal Landaeta (a quien se le reprochó haber asistido solo a dos
sesiones del juicio) dijo que muchos testigos no comparecieron, por el miedo
que infunden los miembros del Grupo Exterminio o, sencillamente, porque los
habían matado.
Rojas resumió las excusas:
"Nosotros hacemos lo que humanamente podemos"._EL
Dos testigos
denunciaron maltratos de
Roxana Pérez fue
promovida por
Según la acusación, los
funcionarios de
Todo ocurrió frente a la casa
de Roxana Pérez y su esposo, quien era amigo de las víctimas. De hecho, la
pareja se encargó del traslado de los heridos al hospital, donde Agray Méndez y Rodríguez Rodríguez
murieron y donde Lobo estuvo convaleciente hasta que se fugó.
El mismo día de los hechos,
ante la delegación de
Por otra parte,
Según el Ministerio Público,
los referidos policías utilizaron un vehículo Ford
Festiva sin placas, con vidrios ahumados y estaban encapuchados. Para la fecha
en que ocurrió el homicidio de Rodríguez Rodríguez,
los cuatro acusados se encontraban detenidos en su comando. El Ministerio
Público aseguró que, sin mayor inconveniente podían salir del sitio de
reclusión. En esa oportunidad, para asesinar al padre de Jimmy
Rodríguez, quien pocos días antes, junto a los familiares de otras víctimas del
Grupo Exterminio, había denunciado los hechos a través del programa televisivo
Justicia para todos.
En el expediente consta que
Hugo Armando Molina García admitió que fue el taxista que, sin saberlo,
colaboró con los policías para ubicar y asesinar a José Ramón Rodríguez.
Este jueves dijo que nada
sabía de los hechos sometidos a juicio y que hace cuatro años el funcionario Manuel
Bastidas lo detuvo, lo trasladó a la sede de
"Mi madre también llora"
Los 13 acusados
ocupaban la mitad de la sala de audiencias. En la otra mitad se apretujaban sus
esposas y madres. No había más espacio para que otros pudieran presenciar el
juicio.
En varias oportunidades los
acusados respondieron a los argumentos en su contra, ya fueren aportados por
los fiscales o por los testigos promovidos por el Ministerio Público.
Luego de que la madre de
Gregorio Ramón Sivira Sivira
acusara directamente a José Ramón Paredes como el autor material del homicidio
del joven bachiller de 21 años de edad, el funcionario policial le ripostó: "Señora, yo puedo entender su dolor, pero mi
madre también llora porque yo he estado cinco años preso. Lo que le puedo
asegurar es que no fui yo quien lo mató".
Entredientes, la madre inistió:
"Claro que fuiste tú, yo te vi".
Paredes era uno de los pocos
acusados que no estaba acompañado por familiares. Cuando salió en
libertad, lloró.
"Paredes
mató a mi hijo"
Los familiares de
varios de los fallecidos estuvieron en la última sesión de la audiencia de
juicio para respaldar la acusación fiscal contra los funcionarios de
La más consternada de todos
fue Ligia Méndez de Agray, madre de César Enrique Agray. Se dirigió a los acusados: "Si ustedes son
inocentes, está bien, que salgan en libertad. Yo perdí a un hijo. Van a
cumplirse cinco años y yo todavía no me puedo recuperar. Un hijo duele
demasiado. Yo confío en Dios, en que estas cosas no sigan ocurriendo. Yo vine
hasta acá en contra de mi familia. Uno se siente impotente...".
Luis Mendoza Carvajal, quien
perdió a tres hermanos, salió del Tribunal 17 de Juicio sin muchas esperanzas:
"A lo mejor nos burlamos de esta justicia, pero hay una justicia divina.
En esa confío".
Más brevemente, pero con mayor
contundencia, se expresó María Priscila Sivira:
"Paredes (Ramón) mató a mi hijo. Yo lo vi con
mis propios ojos".
El Nacional - Viernes 16 de
Septiembre de 2005 A/6
Política
Fiscalía
imputó a policías de Guárico
ROSA
RIVERO
El
estado Guárico ocupa el décimo lugar en el país en cuanto a la presunta
violación de derechos humanos y abusos policiales y en cuanto a efectivos
investigados por esos hechos.
La
directora de Protección de los Derechos Fundamentales de
Boscan precisó que 98 de los
señalados pertenecen a
El fiscal
superior del estado Guárico, José Morillo, mencionó que de los 167 expedientes
abiertos por homicidios, se han registrado a la par un total de 800 casos de
presuntas violaciones de derechos humanos.
Boscán explicó que ya se han
imputado aproximadamente 70 funcionarios pertenecientes a los diferentes
cuerpos de seguridad del Estado, donde hasta ahora se han establecido penas a
cuatro funcionarios, entre los que destacan ex comandante de
El Nacional - Sábado 01
de Octubre de 2005 A/6
Política
Fiscalía
imputó a policías por presuntas violaciones de derechos humanos
Por
su presunta participación en homicidios y violaciones de derechos humanos
ocurridos en los años 2000, 2003 y 2004, el Ministerio Público imputó a nueve
funcionarios de
El
grupo encargado de la investigación por parte del Ministerio Público está
integrado por la fiscal 20º con competencia nacional, Elsa Hernández, y los
fiscales 67º, 83º y 125º del área metropolitana de Caracas, María Eugenia del
Grande, Elvis Rodríguez y Franklin Nieves,
respectivamente.
En la
averiguación también participa el fiscal 5º de Carabobo, Jaime Martínez.
A los
oficiales Argenis Rafael Manaure
y Héctor Rojas Cañas se les imputó la presunta comisión de los delitos de
homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva,
violación de domicilio y uso indebido de arma de fuego en perjuicio de Roger David Hidalgo Seijas. Los
hechos ocurrieron el 5 de abril de 2003.
Por
este caso, y por la presunta comisión de los mismos delitos, fueron imputados
anteriormente los policías Antonio Andrades Silva,
Luis Benavides Urbina y Daniel Lamas Daza.
El
Ministerio Público imputó además a José Ruiz Manzanero de la presunta comisión
de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía, uso
indebido de arma de fuego y simulación de hecho punible en el caso de la muerte
de César Villaroel Rojas, en abril de 2003, durante
un procedimiento policial en la avenida Lara con Branger,
en el barrio
Los
funcionarios indicaron que Villaroel cayó de una
pared en la que se había trepado mientras trataba de huir. El informe de la
autopsia, sin embargo, señaló que la víctima presentó una herida de arma de fuego
en la cabeza.
Igualmente,
fueron imputados otros seis agentes de Policarabobo
por su supuesta participación en el homicidio de Ángel León, quien apareció
muerto en una celda de la comisaría policial de Montalbán, en circunstancias
que aún no han sido aclaradas.
Por
este caso,
Igual
medida recayó sobre los funcionarios Carlos Rodríguez Sánchez y José Martínez
Fernández, pero por privación ilegítima de libertad y encubrimiento.
El
Ministerio Público también tiene previsto imputar en los próximos días a
miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la policía regional, mientras que
continúan las investigaciones en otros casos en los que aparecen señalados.
Los
imputados adquieren los derechos consagrados en varios artículos del Código
Orgánico Procesal Penal.