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¿Está el Poder Legislativo controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Judicial controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Electoral controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el nuevo Poder Ciudadano (Fiscal Gral. de la República, Contralor Gral. de la República y Defensor del Pueblo) controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Están parcializados los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?

¿Se viola la carrera judicial?

¿Se aplican en los tribunales venezolanos los principios constitucionales?

¿El Tribunal Supremo de Justicia está al servicio del Gobierno?

¿Es el Consejo Nacional Electoral (CNE) un organismo imparcial?

¿Responde el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los intereses de la sociedad civil o a las del Poder Ejecutivo?

¿Actúa el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a la legalidad?

¿Es el proceso de votación automatizado un proceso confiable?

¿Contiene el Registro Electoral Permanente (REP) información precisa y veraz?

¿Son los medios de comunicación realmente independientes?

¿Limita el Código Penal la libertad la de expresión?

¿Son los periodistas perseguidos, amedrentados u hostigados por sus reportes noticiosos?

¿Han sido respetados los derechos humanos de las victimas de Abril de 2002 e investigado a sus responsables?

¿Existe discriminación política en Venezuela?

¿Se respeta el libre pensamiento en la educación?

¿Se respeta la vida privada del ciudadano venezolano?

¿Se violan los derechos humanos en Venezuela?

¿Estan presos y perseguidos los defensores de la democracia en Venezuela?

¿Hay presos y perseguidos políticos en Venezuela?

¿Gobierna el Ejecutivo bajo un estilo militar?

¿Está debilitado el sistema de partidos políticos en Venezuela?

¿Se respetan las organizaciones sindicales tradicionales?

¿Se le permite a la sociedad civil ejercer las funciones que le confiere la Constitución?

 
Respeto a los derechos humanos y otras libertades fundamentales
¿SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA?

1. En Venezuela, además de la violación de los derechos humanos en las cárceles del país, se recuerda de manera especial los casos de El Amparo y el denominado Caracazo que han sido motivo de sentencias definitivas e incluso reparaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica. En sus informes anuales desde el año 2000, diversas organizaciones nacionales e internacionales, han venido reflejando estas violaciones de los derechos humanos y su incremento en los últimos años.

2. COFAVIC ha realizado un amplio seguimiento de la actuación de los Grupos Parapoliciales. Tras varios años de insistencia por parte de las ONG defensoras de los derechos humanos denunciando estos hechos, la Fiscalía finalmente ha comenzado a imputar a los integrantes de estos grupos Parapoliciales o Grupos de Exterminio. En los informes anuales de PROVEA se da cuenta también de múltiples violaciones a los derechos humanos y en especial, de las violaciones del derecho a la vida.

3. Desde el año 2002 la CIDH comenzó a dictar medidas provisionales de protección a periodistas (Marta Colomina y Liliana Velásquez, Periodistas de RCTV), medios de comunicación (El Nacional y Así es la Noticia, Globovisión); defensores de los derechos humanos (Liliana Ortega y COFAVIC, Carlos Nieto y José Luís Uzcategui) y simples ciudadanos (Eloisa Barios e integrantes de su familia), amenazados en algunos casos por grupos parapoliciales o grupos de exterminio, integrados por ex agentes o agentes de cuerpos policiales.

4. Otro de los aspectos relevantes con relación al deterioro de los derechos humanos es el trato que reciben algunos soldados, víctimas de un reglamento de castigos desproporcionado que incluye hasta la práctica de las “celdas de castigo”, a todas luces violatoria de elementales derechos humanos. Algunos han perdido la vida durante incendios que se han producido en estas celdas y hasta el momento no se han aclarado debidamente los responsables de estos hechos. Son tres los casos de soldados recluidos y quemados en estas ignominiosas celdas de castigo:

  • Ángel Ciro Pedreáñez falleció el 4 de mayo de 2004, al igual que el soldado Orlando Bustamante, pero tras pasar 35 días en cuidados especiales por sufrir severas quemaduras en una celda de castigo en el Fuerte Mara.
  • El soldado José Febres Narváez, miembro de la Brigada de Cazadores del estado Monagas, murió el 30 de enero del año 2001 cuando el teniente del ejército Alessandro Sicat Torres roció con thiner y prendió fuego a tres soldados en una celda de castigo.
  • El distinguido Rommer José Luján Martínez (20 años) y Raúl Royett Gutiérrez (19), miembros del Batallón de Reserva del cuartel Gran Mariscal de Ayacucho en Cumaná .

5. En el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde hay miembros de la Fuerza Armada detenidos y acusados por rebelión militar sin que se les formulen los cargos respectivos y sin darles el beneficio de antejuicio de mérito que les corresponde por ser militares de alta graduación. Algunos de ellos que han sido dados de baja de la Fuerza Armada no han sido pasados a los tribunales civiles correspondientes. Entre ellos están: Gral. (R) Ovidio Poggiolli, Gral. (R) Francisco Usón, Cnel. Jesús Farías Rodríguez, Cnel. Jesús Castro Yeyes, Cnel. Carlos Guerra, Tte. Cnel. Humberto Quintero, Tte. Cnel. Francisco Martínez, Cap. Javier Nieto, Cap. Rafael Faría Villasmil, Cap. Javier Quintero, Cap. Otto Gevagûer, Tte. Darwin Valera, Cap. de Altura. Luís Salazar, Gral Felipe Rodríguez (el cuervo).

6. De todos los mencionados anteriormente, el único sentenciado es el Gen. (R) Francisco Usón quien fue condenado por un tribunal militar a 5 años y 6 meses de cárcel por opinar acerca de cuáles podrían ser los efectos de utilizar un lanzallamas en una celda de castigo. Según el abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez, Usón no podía ser juzgado por la jurisdicción militar puesto que el hecho ocurrió siendo él un militar retirado. Recientemente se ha anunciado que un Coronel retirado de la Guardia Nacional será enjuiciado por injuria a la Fuerza Armada. El Coronel Valero defendió al capitán Javier Nieto Quintero en el juicio de los presuntos paramilitares y en un receso señaló que la justicia estaba al servicio del régimen.

7.En mayo de 2004 fue develado por el Gobierno un supuesto intento de ataque al Palacio de Miraflores por un grupo de paramilitares en su mayoría de nacionalidad colombiana que fueron detenidos en una hacienda en las cercanías de Caracas. El caso es conocido como el de los “paramilitares” y los mismos llevan ya más de un año detenidos. Por este caso están siendo juzgados también seis oficiales venezolanos, entre ellos: el General retirado Ovidio Poggioli —detenido sin la correspondiente formulación de cargos y sometido a juicio en tribunal militar a pesar de estar retirado— los coroneles Jesús Faría Rodríguez, Jesús Castro Yelles y los capitanes Javier Quintero González, Rafael Farías Villasmil y Javier Nieto, a quienes finalmente se les ha formulado los cargos respectivos y se les solicitan penas de más de 20 años a algunos.

8. El 21 de abril de 2005 fue detenido en las inmediaciones del Fuerte Tiuna el Coronel Darío Faría Rodríguez , cuyo hermano — Jesús Faría Rodríguez — está siendo juzgado por el caso de los “paramilitares”. El Coronel Darío Farias fue acusado de portar un fusil liviano, tipo FAL, escondido en el parachoques de su vehículo. Desde el momento de su detención sus familiares denunciaron que estaba siendo sometido a torturas. A Darío Faría se le impidió ver a su abogado por varios días y se le mantuvo incomunicado de su familia hasta que finalmente el 4 de mayo de 2005 fue visitado por una comisión de la Defensoría del Pueblo.