Lima,
COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS
ALERTA DEMOCRATICA
SOBRE EL PODER JUDICIAL EN VENEZUELA
La Comisión
Andina de Juristas es una organización internacional con más de 25 años de
existencia y reconocimiento, que trabaja para la consolidación de la democracia,
el Estado de Derecho, y el respeto a los derechos humanos en los países de la
región andina. En esta línea de trabajo y considerando lo estipulado en sus
Estatutos, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y en la
Carta Democrática Interamericana, expresa su preocupación por la situación
actual del Poder Judicial en Venezuela. Fundamentamos nuestra posición en los siguientes
aspectos:
PRIMERO:
El Estado de Derecho y la democracia tienen como componente básico un
ordenamiento jurídico que garantice efectivamente la protección de los derechos
humanos. Este ordenamiento sólo se puede construir y preservar a través de un
sistema judicial independiente, autónomo e imparcial.
En las actuales circunstancias estas garantías mínimas están muy condicionadas
por interferencias políticas, en Venezuela
SEGUNDO:
Hemos observado con gran preocupación, cómo
en el año 2004 una mayoría simple del oficialismo en el Poder Legislativo, constituyó al actual Tribunal Supremo de
Justicia, favoreciendo una composición que está
condicionada por un sesgo político, lo cual es contraria
a la independencia judicial.
TERCERO:
Consideramos perjudicial al Estado de Derecho y a la democracia en Venezuela
que la Comisión Judicial o la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del
Poder Judicial, ambas designadas por el nuevo Tribunal Supremo de justicia,
nombren y suspendan jueces desconociendo los estándares previstos en el
artículo 255 de la Constitución venezolana así como en los instrumentos
internacionales y en la jurisprudencia sobre derechos humanos.
CUARTO:
Vemos con preocupación que algunas decisiones de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, por el ejercicio abusivo
de sus facultades de avocamiento y de revisión de
cualesquiera sentencias de las otras Salas del
mismo Tribunal Supremo,
modifican incluso competencias constitucionales de
las demás Salas, con
lo cual se han generado situaciones de inseguridad
jurídica y de desconfianza del Poder
Judicial.
QUINTO:
Es alarmante la existencia de una alta tasa de provisionalidad de los jueces
que supera al 80%, ya que éstos se encuentran
sometidos a una total inestabilidad. Esta
provisionalidad se ha convertido en un instrumento de amenaza y de presiones
políticas contrarias a la independencia de los jueces.
FINALMENTE:
La Comisión Andina de Juristas alerta a la comunidad internacional y en
especial a la Organización de Estados Americanos y al Relator de la ONU para la
Independencia de los Jueces y los Abogados de esta grave crisis judicial en
Venezuela, que pone en riesgo las instituciones básicas de la democracia y el
Estado de Derecho. Hacemos
votos para que esta situación se resuelva de acuerdo a los estándares y
procedimientos previstos en la Constitución venezolana y
en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Con ello, se dará real cumplimiento a lo
previsto en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana que establece
como elemento esencial de la democracia, la separación e independencia de los
poderes públicos.
Lima, 28 de junio del 2005