El Nacional - Mi�rcoles 21 de Septiembre de 2005� ������� A/6
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Pol�tica
Canciller�a colombiana neg� refugio a militares del 11-A
Carlos Bastidas, abogado del vicealmirante H�ctor Ram�rez P�rez y del general de brigada Pedro Pereira Olivares, anunci� que solicitar�n a la canciller del pa�s vecino, Carolina Barco, un recurso de reposici�n para que la decisi�n sea revisada
� ��������� VANESSA G�MEZ QUIROZ
Ram�rez P�rez dijo que su permiso para permanecer en Colombia se vence pronto
Un grupo de militares venezolanos que particip� en los hechos del 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando el presidente Hugo Ch�vez fue depuesto de su cargo, pidi� refugio en Colombia, pero la solicitud fue rechazada por el gobierno del presidente �lvaro Uribe, inform� la agencia de noticias AP.
El vicealmirante H�ctor Ram�rez P�rez y el general de brigada Pedro Pereira Olivares solicitaron a Colombia hace m�s de tres semanas ser reconocidos como refugiados, por considerarse perseguidos pol�ticos. El coronel retirado de la Aviaci�n Silvino Bustillos, el ex presidente de la C�mara de Diputados Jos� Rodr�guez Iturbe y el contralmirante Edgar Murillo tambi�n hicieron la petici�n junto con cinco coroneles que no fueron identificados.
La solicitud de los militares y de Rodr�guez Iturbe habr�a sido rechazada, dijo a la AP un portavoz de la Canciller�a colombiana que pidi� no ser identificado. Agreg� que ellos requirieron �estatus de refugiados� y que apelaron la decisi�n del Gobierno colombiano de no otorgar el beneficio.
As� lo confirm� el abogado de Ram�rez P�rez y Pereira Olivares, Carlos Bastidas, quien ayer inform� que si la Canciller�a del pa�s vecino no otorga el beneficio a sus defendidos utilizar�an un recurso de reposici�n �estipulado en la legislaci�n colombiana� para revisar las solicitudes rechazadas de asilo y refugio.
Explic� que el recurso de reposici�n ser� utilizado ante la canciller de Colombia, Carolina Barco, para que la demanda de protecci�n sea reconsiderada.
Los militares se encuentran desde diciembre en Colombia y decidieron acogerse a la Convenci�n Internacional del Estatuto de Refugiado de las Naciones Unidas de 1951, en virtud de la cual las personas que sufran cualquier tipo de persecuci�n o discriminaci�n por sexo, religi�n, pol�tica, raza u otra situaci�n parecida, pueden pedir el tratamiento de refugiados.
Ram�rez P�rez asegur� que su permiso para permanecer en Colombia est� a punto de vencerse, y por eso rechaz� la decisi�n negativa de la Canciller�a sobre su petici�n.
�Se aduce, entre otras cosas, que son personas perseguidas por razones pol�ticas luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anulara una sentencia a favor de mis defendidos dictada por la Sala Plena�, indic�.
Aclar� que nunca recomend� a sus clientes abandonar el pa�s, pero dijo que los justifica porque en Venezuela no est�n dadas las condiciones para llevar a cabo un proceso judicial imparcial: �Aqu� uno ve como la retaliaci�n reina; ahora el diputado Nicol�s Maduro plantea que a algunos imputados o procesados que salgan elegidos les ser� allanada la inmunidad parlamentaria, y eso rompe con todo lo que es la tradici�n hist�rica de Venezuela y la pol�tica de pacificaci�n�.
La Fiscal�a acus� a Pereira Olivares y a Ram�rez P�rez, as� como al vicealmirante Daniel Comisso Urdaneta y al general Efra�n V�squez Velazco, de la supuesta comisi�n del delito de rebeli�n por el golpe de Estado de 2002. El TSJ declar� el sobreseimiento de la causa. Pero ante una solicitud de revisi�n del Ministerio P�blico, el m�ximo tribunal reabri� la posibilidad de que fueran enjuiciados.
Sobre la solicitud de refugio, el vicepresidente Jos� Vicente Rangel asegur� que estos militares son �personas totalmente descalificadas� y que su petici�n obedece a que �es evidente la derrota de sus posiciones�.
EL UNIVERSAL ����� ����������� ����������������������������������������������� Caracas, jueves 22 de septiembre de 2005�������
Ministerio P�blico solicita arrestar a los militares del 11 de abril
El Ministerio P�blico solicit� este martes medida privativa de libertad contra los generales Efra�n V�squez Velasco, Pedro Pereira Olivares, el vicealmirante H�ctor Ram�rez P�rez y el contralmirante Daniel Comisso Urdaneta, como paso previo para requerir su orden de captura a Interpool.
La fiscal 6ta con competencia nacional, Luisa Ortega D�az, interpuso dicha solicitud ante el Tribunal 19 de Control del Area Metropolitana de Caracas, alegando que los militares disidentes no han comparecido ante la justicia para ser imputados por su participaci�n en los hechos del 11 de abril de 2002.
El Ministerio P�blico considera que, en este caso, se cumple con los principios contemplados en los art�culos 250, 251 y 252 del C�digo Org�nico Procesal Penal (COPP) referentes al peligro de fuga y la magnitud del da�o causado durante los hechos de 2002, seg�n nota de prensa de la Fiscal�a.
La medida busca que el juzgado emita las �rdenes de detenci�n contra los militares retirados, a fin de que respondan por los cargos.
El pasado 11 de marzo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anul� la sentencia emitida por la Sala Plena Accidental del 14 de agosto de 2002 que libr� de culpa a los militares en relaci�n con los sucesos de abril de 2002.
Ante esta situaci�n, la Fiscal�a General reabri� el caso para imputar a los oficiales retirados por el delito de rebeli�n, considerando que existen suficientes elementos para acusarlos.
Ram�rez P�rez es uno de los ocho oficiales venezolanos que se encuentra en Colombia y que solicit� estatus de refugiado al Gobierno neogranadin
EL UNIVERSAL ����������������������������������������������������� Caracas, viernes 23 de septiembre de 2005������������������ �����������������������
Isa�as Rodr�guez anunci� que en octubre habr� tres acusaciones por decreto Carmona
Fiscal solicitar� extradici�n de militares del 11 de abril
MARLA PRATO
La repatriaci�n de los militares presuntamente comprometidos en el golpe de Estado de abril del a�o 2002 solicitar� el Ministerio P�blico, luego que el tribunal 19� de Control de Caracas decidiera sobre la privativa de libertad que fue solicitada contra los oficiales, anunci� ayer el fiscal general Isa�as Rodr�guez.
Luego de permanecer durante tres d�as en Barquisimeto, Rodr�guez decidi� ofrecer una conferencia de prensa al final de la jornada, porque a su juicio sus declaraciones hubieran podido opacar el evento que sobre el ALBA se desarrollaba en la ciudad.
Se�al� que los militares que resulten responsables de los hechos que se les imputan en el caso del golpe de Estado contra el presidente Ch�vez, deben ser juzgados en el pa�s.
"Son cuatro los oficiales sobre los cuales pesa la medida de privaci�n de libertad acordada, y haremos todas las gestiones necesarias para que estas personas sean extraditadas".
De igual manera anunci� que para el pr�ximo 24 de octubre se interpondr� la acusaci�n en contra de las personas que presuntamente fueron los responsables de la redacci�n del decreto Carmona, lo cual se desprende del resultado de las investigaciones realizadas.
"Los nombres no los podemos dar todav�a, pero ya han sido imputados, pueden ser tres y ustedes pueden presumir de qui�nes se trata", respondi�.
Tambi�n se refiri� a la corrupci�n que se vive en el pa�s y como medida ejemplarizante anunci� la imputaci�n de Julio Viloria y Leyda Betancourt, funcionarios implicados presuntamente en el caso del FIEM, y de dos otros directivos de Banplus y de las medidas en contra de la empresa Microestar C.A.
Lara en la mira
Sobre la violaci�n de derechos humanos denunciados en el estado, admiti� el grave problema que se vive en la regi�n, a la vez que inform� que el Ministerio P�blico investiga m�s de 211 casos de violaci�n de derechos fundamentales, de los cuales 106 funcionarios policiales est�n siendo investigados y han sido destituidos de sus cargos, 19 han sido acusados, 61 han sido imputados, a 11 se les ha dictado medida privativa de libertad, dos fueron condenados, mientras que 10 de las acusaciones se encuentran en etapa de juicio.
Explic� que se reuni� con el Comit� de V�ctimas contra la Impunidad a los cuales prometi� que para el pr�ximo martes 27 de septiembre se trasladar� a Barquisimeto la directora de los Derechos Fundamentales y la directora de Delitos Comunes del Ministerio P�blico para que levanten un informe completo sobre la situaci�n.
Igualmente advirti� sobre el monitoreo mensual que, sobre esta situaci�n, se realizar� desde Caracas en donde una comisi�n de fiscales especiales se dedicar� a corroborar toda la informaci�n.
En cuanto a las quejas por el retardo procesal que se denuncia en la entidad, tanto por parte de los reclusos de Uribana como por los representantes del Comit� de V�ctimas, Rodr�guez rebot� la responsabilidad en el Ministerio de Interior y Justicia y en el Poder Judicial, siendo a su juicio el Ministerio P�blico el menos comprometido con las fallas.
Durante su intervenci�n, Rodr�guez se refiri� tambi�n a la reestructuraci�n del Poder Judicial, que a su criterio se realizar� "en donde tenga que hacerse". Asegur� que se han venido realizando ajustes parciales, se ha manejado desde hace alg�n tiempo la contralor�a social y para atender las denuncias que se realizan desde todo el pa�s en contra de algunos fiscales, se nombra un fiscal con competencia nacional para que revise las actas y presente un informe, si el fiscal cuestionado es encontrado responsable de los hechos que se le imputan es destituido de inmediato. Sostuvo que esto se ha realizado en varios estados, entre ellos en el estado Lara, en donde fue removido de su cargo el fiscal superior de la entidad.