El Nacional - Viernes 30 de Septiembre de 2005� ����������� A/6
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Pol�tica
Desestimaron recurso contra J. V. Rangel por discriminaci�n
� ������������� VANESSA G�MEZ QUIROZ
Cuando la Sala 7 de la Corte de Apelaciones confirm� el sobreseimiento de la causa penal contra Jos� Vicente Rangel y Feijoo Colomine por el despido de tres empleadas del Consejo Nacional de Fronteras presuntamente por haber firmado a favor del refer�ndum revocatorio contra Hugo Ch�vez, las demandantes �Roc�o San Miguel, Magally Chang y Tha�s Pe�a� recurrieron a la �ltima instancia legal: el Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, el magistrado Eladio Aponte Aponte, quien se reserv� el recurso en la Sala de Casaci�n Penal, rechaz� ayer tal petici�n �por manifiestamente infundada�.
De acuerdo con los planteamientos del ex fiscal general militar, �las recurrentes contrariaron el esp�ritu y prop�sito del recurso de casaci�n, establecido en el art�culo 462 del C�digo Org�nico Procesal Penal, al referirse conjuntamente en cada una de sus denuncias a diferentes alegatos y disposiciones legales, causando confusi�n y falta de certeza en su pedimento�.
Al parecer, el magistrado Aponte Aponte consider� exagerado que San Miguel, Chang y Pe�a utilizaran para sus denuncias contra Rangel y Feijoo el C�digo Org�nico Procesal Penal, la Constituci�n y la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos.
El 27 de mayo del a�o pasado, las ex empleadas del Consejo Nacional de Fronteras solicitaron al Ministerio P�blico la apertura de una averiguaci�n penal por considerar que fueron despedidas por razones pol�ticas.
Las demandantes alegaron que Rangel, en su car�cter de presidente del organismo, y Feijoo Colomine, como director del ente, incurrieron en delitos tipificados en el C�digo Penal, la Ley Org�nica del Sufragio y Participaci�n Pol�tica y la Ley contra la Corrupci�n.
La causa estuvo en manos de la fiscal Gledys Carpio, que se limit� a solicitar el testimonio de San Miguel, Chang y Pe�a, as� como el de Colomine, puesto que no se convocaron otros testigos y fue rechazada como medio de prueba una grabaci�n en la que Colomine presuntamente reconoc�a el despido como medida de retaliaci�n.
El magistrado Aponte Aponte expres� en la sentencia que las recurrentes no especificaron cu�les eran los elementos que consideraban que no fueron examinados por la Corte 7� de Apelaciones.
San Miguel: Sin sorpresas
La ex asesora jur�dica del Consejo Nacional de Fronteras Roc�o San Miguel reconoci� no sentirse sorprendida por la decisi�n de la Sala Penal del TSJ.
�Esto ratifica lo que ha venido sucediendo durante un a�o y medio; era algo esperado puesto que si no hay investigaci�n, dif�cilmente hay sentencia; es decir, durante un a�o y medio no hubo nadie del Poder Judicial que investigara la situaci�n que denunciamos�, expres� San Miguel.
Recalc� que durante el proceso no fueron citados testigos ni declarantes para comparecer ante la Fiscal�a: �S�lo escucharon a Feij�o Colomine (secretario ejecutivo del Consejo de Fronteras), que consign� una serie de documentos que supuestamente justificaban el despido�.
Indic� que por ahora eval�a las posibilidades de acudir al Sistema Interamericano �ya que la ley venezolana y la tutela judicial no dio respuesta�.
EL UNIVERSAL ����������������������������������� Caracas, Viernes 30 de septiembre de 2005-10-02
Juez Superior laboral tambi�n neg� amparo al derecho al sufragio
TSJ cerr� caso de tres despedidas por avalar el referendo revocatorio
EDGAR LOPEZ
Seg�n la Sala Penal la demanda estuvo manifiestamente infundada
(Foto Oswer D�az Mireles)
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia puso fin al proceso penal emprendido contra el vicepresidente Jos� Vicente Rangel por Roc�o San Miguel, Magally Chang y Tha�s Pe�a, tres trabajadoras del Consejo Nacional de Fronteras que habr�an sido destituidas de sus cargos por avalar con sus firmas el referendo revocatorio del mandato del presidente Hugo Ch�vez.
En ponencia del magistrado Eladio Aponte Aponte, se declar� sin lugar el recurso de casaci�n ejercido por la defensa de San Miguel, Chang y Pe�a contra la sentencia de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones que confirm� el sobreseimiento de la causa (promovido por la fiscal del Ministerio P�blico Gledys Carpio y decretado por la juez 21 de Control, Frennys Bol�var) por considerar que los hechos investigados no ten�an car�cter penal.
A juicio del m�ximo tribunal, el �ltimo esfuerzo de las ex empleadas del Consejo Nacional de Fronteras para que Rangel fuera sancionado penalmente fue "manifiestamente infundado". El fallo indica que no se�alaron con precisi�n en qu� consist�an los supuestos vicios del proceso en su contra.
San Miguel, Chang y Pe�a fueron despedidas el 12 de marzo de 2003 y el 27 de mayo siguiente formalizaron su denuncia contra Rangel y contra Feijoo Colomine, director general del Consejo Nacional de Fronteras, por la comisi�n de los delitos de apremio ileg�timo e impedimento violento del ejercicio de derechos pol�ticos, establecidos en los art�culos 176 y 167 del C�digo Penal. Tambi�n invocaron delitos establecidos en la Ley del Sufragio y Participaci�n Pol�tica, la cual penaliza el menoscabo de la libertad del voto y mucho m�s cuando el agraviante es un funcionario p�blico. Y, adicionalmente, el art�culo 68 de la Ley Anticorrupci�n, que sanciona al funcionario p�blico que en abuso de sus funciones favorezca electoralmente a a un candidato o movimiento pol�tico.
Consultada sobre la sentencia de la Sala Penal, Roc�o San Miguel dijo que qued� demostrado que el Estado, por �rgano de la Fiscal�a, ni siquiera tuvo voluntad para investigar. Adem�s, ayer revel� que la acci�n de amparo en defensa de su derecho al sufragio tambi�n result� infructuosa, pues el pasado 9 de septiembre, el juez Superior Tercero Laboral, Herman V�squez, neg� la tutela requerida.
No descartan acudir a organismos internacionales
Roc�o San Miguel, Magally Chang y Tha�s Pe�a han agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos en la legislaci�n venezolana para reivindicar los derechos que consideran violados. Ello implica que queda abierta la posibilidad de solicitar ante los organismos internacionales de protecci�n de los derechos humanos la tutela que no encontraron en los tribunales del pa�s.
San Miguel dijo que en todo momento estuvo consciente de que la lucha no iba a ser f�cil, pues en su contra obrar�a la falta de independencia del Ministerio P�blico y de los tribunales; particularmente en este caso, pues quien figura como agraviante es el vicepresidente de la Rep�blica.
Aunque prefiri� analizar la situaci�n con detenimiento, Roc�o San Miguel dijo que no descartan acudir a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos. En ello las seguir�an acompa�ando Provea y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB._EL