EL UNIVERSAL ��������������������������������������������������������������������� Caracas, Viernes 29 de julio de 2005
Para los juristas se estren� la reforma del C�digo Penal
EDGAR LOPEZ
Ni H�ctor Fa�ndez ni Pedro Nikken, especialistas en materia de libertad de expresi�n, recuerdan un caso similar a la acci�n contra el diario El Universal que anunci� este mi�rcoles el fiscal general de la Rep�blica, Isa�as Rodr�guez.
Seg�n Fa�ndez, la apertura de una averiguaci�n penal contra un medio de comunicaci�n social debe preocupar a toda la sociedad venezolana.
"En esta oportunidad se est� tratando de penalizar una opini�n cr�tica a trav�s de un editorial. Pero el mensaje es claro en cuanto a la intolerancia y represi�n de cualquier objeci�n al desempe�o de las autoridades y organismos del poder p�blico. As� pues dijo Fa�ndez el amedrentamiento forma parte de una actuaci�n sistem�tica del Ministerio P�blico frente a la disidencia".
En su m�s reciente libro, titulado Los l�mites de la libertad de expresi�n (UNAM, M�xico, 2004), Fa�ndez recuerda que se trata de un derecho instrumental, pues es imprescindible para el ejercicio de otros derechos: "La libertad de expresi�n constituye un muro de contenci�n frente al poder estatal y, al mismo tiempo, forma parte de los mecanismos de control de que dispone la sociedad frente a los �rganos del poder p�blico".
El coordinador del posgrado en Derechos Humanos de la UCV considera que lo ocurrido es el "estreno" de la reciente reforma del C�digo Penal, mediante la cual se "refin�" el delito de vilipendio, pues se aumentaron las penas para quien pueda ofender a las instituciones a trav�s de cr�ticas al desempe�o de los funcionarios que las encarnan.
"Desde 1994, cuando la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos se pronunci� sobre la incompatibilidad de este tipo de delitos con la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, la mayor�a de los pa�ses del hemisferio han entendido que se trata de disposiciones legales que impiden un debate pol�tico sin inhibiciones", explic� Fa�ndez.
Para ilustrar la desigualdad ante la ley impl�cita en el delito de vilipendio, el jurista coment� que, por ejemplo, "el fiscal general de la Rep�blica, Isa�as Rodr�guez, no hizo nada cuando el presidente Hugo Ch�vez arremeti� contra el cardenal Rosalio Castillo Lara. Todo esto _concluy� H�ctor Fa�ndez_ es un exabrupto que tiende a silenciar a los medios de comunicaci�n y a la oposici�n".
Respuestas y no evasiones
El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, calific� como desproporcionada la reacci�n del fiscal frente al editorial "Justicia arrodillada", publicado el pasado 25 de julio. Sin embargo, desde su punto de vista, es l�gico que la opini�n de un medio despierte sensibilidades, "sobre todo en gobiernos que no est�n abiertos a la cr�tica y a la libre circulaci�n de ideas, propias de una sociedad democr�tica".
Nikken sugiri� al fiscal que en vez de abrir una averiguaci�n penal contra El Universal, deber�a tomar nota de los numerosos se�alamientos a trav�s de distintos medios de comunicaci�n social "y no evadir, como lo ha venido haciendo Rodr�guez, respuestas a los temas de fondo en lo atinente a la independencia y eficacia del Ministerio P�blico como �rgano que dirige la investigaci�n de delitos y el combate contra la impunidad".
A modo de recordatorio, el jurista mencion� la desviaci�n de algunas investigaciones con fines pol�ticos y la manipulaci�n de informaci�n, como habr�a ocurrido con el caso de asesinato del fiscal Danilo Anderson.
"Rodr�guez debe enmendar lo que haya que enmendar, responder con hechos concretos y no limitarse a desgarrarse las vestiduras por haber sido ofendido y, a partir de all�, pretender la represi�n penal".
Y a la sociedad civil (con especial �nfasis en las organizaciones de derechos humanos) Pedro Nikken inst� a emprender la mayor movilizaci�n posible en defensa de la libertad de expresi�n.
EL UNIVERSAL ��������������������������������������������� ����������������������� Caracas, S�bado 30 de julio de 2005
Alberto Arteaga explic� que la opini�n est� exenta de sanciones penales
"Exigir eficacia al Ministerio P�blico no puede ser delito"
Seg�n el jurista, no hay vilipendio ni ultraje ni difamaci�n ni injuria
Alberto Arteaga
EDGAR LOPEZ
La apertura de una averiguaci�n penal contra El Universal replantea el debate sobre los l�mites y alcances de la libertad de expresi�n. Incluso en t�rminos elementales, pues cabr�a preguntarse si en una sociedad democr�tica es concebible que alguien sea sancionado por opinar.
Seg�n el jurista Alberto Arteaga S�nchez, todos podemos opinar lo que nos parezca y como nos parezca sin limitaci�n alguna: "La opini�n, a diferencia de los hechos, no es verdadera ni falsa. En ese sentido, la opini�n est� exenta de sanci�n".
Arteaga considera que el contenido del editorial Justicia arrodillada, publicado el pasado 25 de julio, no es nada novedoso: "Con expresiones mucho m�s fuertes se han expresado todos los que, de una u otra manera, se han ocupado de los vicios de la administraci�n de justicia. En todos los tiempos y en todos los medios se ha criticado la actuaci�n del Poder Judicial y del Ministerio P�blico y jam�s se le hab�a ocurrido a fiscal general alguno una acci�n similar".
El ex decano de la Facultad de Ciencias Jur�dicas y Pol� ticas de la Universidad Central de Venezuela explic� que cuando la opini�n se refiere al funcionamiento de la Administraci�n P�blica, mediante el escrutinio del desempe�o de sus autoridades se est� ejerciendo el derecho a la participaci�n ciudadana que atraviesa todo el ordenamiento constitucional vigente. "Exigir eficacia a la Fiscal�a no puede ser delito", agreg� Arteaga.
Ni vilipendio ni nada
Como quiera que Isa�as Rodr�guez se refiri� a la presunta comisi�n del delito de vilipendio, Arteaga explic� que el mismo est� establecido en el art�culo 149 del C�digo Penal recientemente reformado y no incluye como sujeto pasivo al Ministerio P�blico.
En efecto, la norma indica taxativamente que el vilipendio puede cometerse contra la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de Ministros, los consejos legislativos de los estados, los tribunales superiores y los concejos municipales.
Seg�n el jurista, tampoco cabr�a la posibilidad de ultraje, pues el art�culo 225 del C�digo Penal indica que este delito implica la ofensa durante el ejercicio de las funciones del �rgano del Poder P�blico involucrado. A diferencia del tipo de cr�ticas que, sin temor alguno, se formulan desde otros editoriales, El Universal no se refiri� expresamente a Isa�as Rodr�guez. Por ello el fiscal general tampoco podr�a sostener que �l, en lo personal, es eventual v�ctima de los delitos de difamaci�n o injuria.
Arteaga coment� que Rodr�guez se apresur� a mencionar a los miembros del Consejo Editorial de El Universal y, espec�ficamente, a Juan Mart�n Echeverr�a, con lo cual hizo una imputaci�n p�blica y desde ya los afectados deber�an tener acceso al respectivo expediente.
"Es una situaci�n at�pica, pues el Ministerio P�blico, que es �nico e indivisible, ha emprendido una investigaci�n donde la misma Fiscal�a es la presunta v�ctima y sin elementos que indiquen, en forma seria, que se ha cometido un delito. A efectos de una verdadera imparcialidad ser�a necesario designar un fiscal ad hoc, ajeno al Ministerio P�blico. M�s econ�mico ser�a admitir que no hay nada que investigar".
EL UNIVERSAL ��������������������������������������������������������� Caracas, Jueves 4 de agosto de 2005
D�az Rangel cree que es "un error" la investigaci�n
MIRIAM RIVERO
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
Puerto La Cruz. El director del diario Ultimas Noticias y ex profesor universitario, Eleazar D�az Rangel, considera que "fue un error del fiscal general, solicitar que se investigara si hubo un hecho punible en el editorial, titulado Justicia arrodillada, publicado por El Universal".
D�az Rangel, ponente en el foro "La democracia y los medios de comunicaci�n", organizado por la Gobernaci�n de Anzo�tegui este mi�rcoles, declar� a los medios que est� en desacuerdo con la decisi�n que tom� el fiscal contra El Universal y asegur� que no fue una respuesta acertada ante la opini�n del diario.
De igual modo, aludi� a las agresiones en contra de los profesionales de la prensa y refiri� que las mismas han sido condenadas desde todos los �mbitos e instituciones.
Empero, D�az Rangel cuestion� que no exista plena libertad de expresi�n en el pa�s: "porque algunos medios no publican cosas que son ciertas, por razones que uno no conoce". En cuanto a la presi�n oficial sobre varios medios y periodistas, dijo que �l ha pedido un pronunciamiento por parte de los supuestos afectados y nadie ha dicho nada.
Por su parte, el presidenteeditor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, tambi�n se refiri� a la investigaci�n del Ministerio P�blico contra El Universal . Otero, en una entrevista en Globovisi�n, cree que se est� intentando un "globo de ensayo para aprobar el art�culo de desacato en la reforma del C�digo Penal".
EL UNIVERSAL ��������������������������������������������������������� Caracas, S�bado 13 de agosto de 2005
ONG rechazaron el "autoritarismo"
"Investigaci�n a El Universal intenta la autocensura"
Sociedad civil condeno la medida
Las organizaciones Expresi�n Libre y Comunicadores por la Paz y la Democracia elevaron su voz de protesta y condena a las "graves" imputaciones que hizo el Fiscal General de la Rep�blica, Isa�as Rodr�guez, contra El Universal , por considerar que se est� trantando de "penalizar" la opini�n.
A trav�s de una carta, su coordinadora general, Silvia Alegrett, asegura que el "recocimiento que hace el Ministerio Publico de que no hubo vilipendio ni injuria, demuestra una vez m�s que las imputaciones del Fiscal, enmascaradas con un manto de legalidad, forman parte de la pol�tica firme de un Estado autoritario que busca amdrentar y provocar la autocensura de los medios de comunicaci�n, en un intento desesperado por acallar los graves problemas de ineficiencia y corrupcion que aquejan a nuestro pa�s".
A su juicio, esta acci�n emprendida por la Fiscal�a demuestra "cuan acertadas" eran las cr�ticas que hiciera la "mayor�a" de los venezolanos a la reforma del C�digo Penal y a la promulgaci�n de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisi�n, por cuanto se "legaliza el acoso a los medios de comunicaci�n, lo que termina de resultar en una mordaza para la circulaci�n de las opiniones".
Finalmente, las organizaciones Expresi�n Libre y Comunicadores por la Paz y la Democracia expresan su "solidaridad" a todo el equipo de El Universal por este nuevo "atropello" a las libertades ciudadanas.