EL UNIVERSAL ��������������������������������������������������������� Caracas, Viernes 29 de julio de 2005
SIP e Ipys cuestionan proceso contra El Universal
Rechazan averiguaci�n de la Fiscal�a
La acci�n revela que en el pa�s "emitir una opini�n genera consecuencias"
JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
De "grave intromisi�n en la pol�tica editorial de un medio independiente" y como un "agravio a la libertad de expresi�n" tild� la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la investigaci�n penal que el fiscal general de la Rep�blica, Isa�as Rodr�guez, orden� abrir contra El Universal por la publicaci�n del editorial Justicia arrodillada, que apareci� en la edici�n del lunes 25 de julio.
En comunicado de prensa, el presidente de la Comisi�n de Libertad de Prensa e Informaci�n, Gonzalo Marroqu�n, afirm� que "esta nueva acci�n demuestra y reitera la existencia de una estrategia gubernamental contra la libertad de prensa, para lo cual el Gobierno venezolano reform� el C�digo Penal, aumentando las penas por las cr�ticas contra la gesti�n de los funcionarios p�blicos".
El tambi�n director del diario guatemalteco Prensa Libre critic� a los funcionarios p�blicos venezolanos por aceptar las cr�ticas, "con lo que desconocen el valor y el papel del periodismo en una sociedad democr�tica, en donde debe haber un alto grado de tolerancia a las cr�ticas, m�xime cuando se trata de opiniones que deben ser rebatidas y debatidas en igualdad de condiciones".
El vocero de la organizaci�n que agrupa a los editores y propietarios de los medios impresos del hemisferio dijo que "el intimidar a los medios de comunicaci�n mediante investigaciones o amenazas de investigaciones y de penalidades, no es m�s que abusar de privilegios gubernamentales. El fin �ltimo de estas acciones es limitar la libertad de prensa y el derecho a la informaci�n del pueblo venezolano".
Concluy� su declaraci�n asegurando que la Sociedad Interamericana de Prensa seguir� defendiendo que "ning�n medio de comunicaci�n ni periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular cr�ticas".
De golpear a intimidar
Aunque el miembro del Instituto de Prensa y Sociedad, Andr�s Ca�izales, descart� que la averiguaci�n abierta a El Universal, se traduzca en alguna acci�n concreta contra el diario, vista "la inoperancia" demostrada por el Ministerio P�blico, advirti� que el solo anuncio de Isa�as Rodr�guez es "un mecanismo de amedrentamiento" de medios y personas.
"En el per�odo 2002-2004 tuvimos muchas expresiones de violencia contra periodistas y medios, pero en este a�o hemos visto que han utilizado los medios judiciales para amedrentarlos", afirm�, al tiempo que agreg� que "el uso de la Justicia contra la libertad de expresi�n nos podr�a llevar a una situaci�n como la vivida en Panam� recientemente, donde 40% de los periodistas ten�an abiertas causas con la Justicia, aunque ninguno estaba preso".
Por �ltimo, asever� que el anuncio del fiscal general revela que en Venezuela no hay absoluta libertad de expresi�n, sino libertad de cr�tica, pues "las opiniones traen consecuencias".
Espacio P�blico exige inmediata paralizaci�n de la investigaci�n
De "atentatorio contra la libertad de expresi�n" calific� el vocero de la organizaci�n no gubernamental Espacio P�blico, Carlos Correa, la investigaci�n penal que el Ministerio P�blico inici� contra El Universal, por lo que solicit� su inmediata paralizaci�n.
"El fiscal (Isa�as Rodr�guez) puede expresar su opini�n en relaci�n con un art�culo en el que sale mencionado, pero recurrir al delito de vilipendio, que no es m�s que el ultraje a una instituci�n p�blica, es contrario al derecho a la libertad de expresi�n, no s�lo en el Sistema Interamericano sino en el Sistema Universal de Derechos Humanos", afirm�.
Tras recordar que la opini�n no puede ser objeta a persecuci�n penal, Correa record� que "el vilipendio es una figura premoderna; es decir, anterior a la Revoluci�n Francesa, la cual serv�a para proteger a los religiosos y monarcas de las cr�ticas, pero la Revoluci�n estableci� el principio de la igualdad. Todos somos iguales, incluyendo a los funcionarios p�blicos y no se puede utilizar esa figura para impedir que se emitan opiniones sobre ellos"._JFA
EL UNIVERSAL ��������������������������������������������������������� Caracas, Domingo 31 de julio de 2005
Eduardo Bertoni espera una invitaci�n del Estado para visitar el pa�s
"Venezuela marcha a contrav�a en cuanto a libertad de expresi�n"
No se descarta que el caso de El Universal llegue a la Comisi�n Interamericana
EDGAR LOPEZ
El relator especial para la Libertad de Expresi�n de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni, considera que la apertura de una averiguaci�n penal contra El Universal se debe analizar en el contexto de las actuaciones de los diversos �rganos del poder p�blico frente a la funci�n contralora que ejercen medios y periodistas venezolanos.
Desde su punto de vista, la preocupaci�n que ha generado el anuncio realizado por el fiscal general de la Rep�blica, Isa�as Rodr�guez, el pasado mi�rcoles, s�lo es mayor en la medida en que se habr�a consumado la amenaza advertida por la misma Relator�a, luego de que se aprob� la �ltima reforma del C�digo Penal, el 16 de marzo de este a�o.
"Nos preocupa porque los delitos de desacato han sido declarados incompatibles con la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos desde 1994. A partir de entonces, muchos pa�ses han derogado el vilipendio, entre ellos Argentina y Chile. Hace s�lo dos semanas, desde la Relator�a celebramos p�blicamente las decisiones de la Corte Constitucional de Guatemala y de la Suprema Corte de Honduras mediante las cuales se declar� la inconstitucionalidad de los delitos de desacato. La preocupaci�n que tenemos _insisti� Bertoni_ es que Venezuela est� marchando a contrav�a en cuanto a libertad de expresi�n y en contraste con lo que est�n haciendo otros pa�ses del hemisferio".
En b�squeda de or�genes m�s remotos, Bertoni record� que esta posici�n del Estado venezolano tiene su fundamento en la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y, en particular, a trav�s de la sentencia 1.942.
M�s que muchos venezolanos, el relator para la Libertad de Expresi�n de la CIDH tiene en cuenta que dicho fallo convalid� la penalizaci�n, con c�rcel, de los eventuales excesos en el ejercicio de la libertad de expresi�n. Adem�s, sobre la base del principio de soberan�a nacional, el Tribunal Supremo de Justicia desconoci� el car�cter vinculante de opiniones y recomendaciones de los �rganos del sistema interamericano de protecci�n de derechos humanos. De esta forma, se ha hecho caso omiso al informe de la CIDH mediante el cual se declar� la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos.
Como un segundo aspecto a considerar en el an�lisis de la acci�n del fiscal general contra El Universal, Bertoni mencion�, precisamente, la m�s reciente reforma del C�digo Penal: "Por lo que hemos dicho, el aumento de las penas correspondientes a delitos contra el honor y la reputaci�n de funcionarios p�blicos es preocupante. Pero m�s preocupante es que este c�digo se pueda poner en pr�ctica cuando las expresiones est�n relacionadas con las simples cr�ticas a la gesti�n de los organismos p�blicos".
A la espera de invitaci�n
Bertoni indic� que no pod�a adelantar mayores opiniones sobre la acci�n fiscal emprendida por la publicaci�n del editorial "Justicia arrodillada", pues eventualmente el caso pudiera ser elevado a la consideraci�n de los �rganos del sistema interamericano de protecci�n de los derechos hu manos.
Explic� que no es tan simple acudir a las instancias internacionales, pues antes se deben agotar todos los recursos legales que ofrece la legislaci�n venezolana para resolver la controversia planteada por Isa�as Rodr�guez.
Por lo dem�s, es probable que el expediente contra El Universal apenas est� integrado por un ejemplar de la edici�n del diario del pasado 25 de julio y quiz�s por las primeras reacciones divulgadas por la prensa a favor o en contra de la iniciativa fiscal.
Ante la posibilidad de que esta investigaci�n fiscal se convierta en una especie de espada de Damocles, Bertoni convino en admitir que "en general, sin referencia a espec�fica a �ste o a cualquier caso en concreto, los procesos penales emprendidos a partir de expresiones que se consideran ofensivas a altos funcionarios p�blicos tienen un efecto inhibitorio, de amedrentamiento. Esta es una de las razones por las cuales la CIDH considera que este tipo de procesos penales generan sanciones que son desproporcionadas porque generan intimidaci�n".
Seg�n Bertoni, "est� librado el criterio de los representantes jur�dicos _de El Universal_ a efectos de estudiar la posibilidad de solicitar otro tipo de medidas a la Comisi�n Interamericana. Los reglamentos indican la posibilidad solicitar protecci�n en casos excepcionales, cuando est� en grave riesgo el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, la Comisi�n y la Corte han acordado medidas cautelares y provisionales en favor de varios periodistas y medios de comunicaci�n social venezolanos que han denunciados amenazas a su integridad".
La posibilidad de salvaguardar derechos a trav�s de medidas acordadas por la Comisi�n y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos se ha enfrentado a m�ltiples dificultades y, de hecho, los organismos del sistema interamericano han verificado el incumplimiento del Estado venezolano, en ocasiones con contumacia.
"Por lo que a nosotros respecta, los temas que nos han preocupado y que est�n en nuestros informes tienen que ver con reformas legislativas que se han producido en Venezuela. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisi�n ha sido objeto de pronunciamientos de la Relator�a y de la Comisi�n Interamericana, porque consideramos que tienen disposiciones problem�ticas para el ejercicio de la libertad de expresi�n. Nos hemos pronunciado respecto a la reforma del C�digo Penal que, seg�n entiendo, ha tenido una repercusi�n directa en el caso El Universal. Y tambi�n hemos seguido las acciones penales contra algunos periodistas, pues consideramos que pueden implicar mecanismos de amedrentamiento. Son varias situaciones que vienen siendo objeto de seguimiento desde 2003".
El relator dijo que no tiene una respuesta para la desesperanza que genera la poca efectividad que han tenido los pronunciamientos de los �rganos del sistema interamericano de protecci�n de los derechos humanos: "Nosotros vamos a seguir haciendo las observaciones que consideremos pertinentes respecto de Venezuela o de cualquier Estado. La desesperanza tiene que ser evaluada por los venezolanos".
Eduardo Bertoni se mantiene a la espera de que el Estado venezolano le formalice una invitaci�n para visitar Venezuela y, de primera mano, obtener informaci�n sobre el caso de El Universal y la situaci�n de la libertad de expresi�n en el pa�s.
Signos de fragilidad
En mayo de 2002, en atenci�n a una invitaci�n del presidente Hugo Ch�vez, los miembros de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos realizaron una visita oficial a Venezuela y el informe correspondiente, referido a hechos ocurridos hasta octubre de 2003, fue publicado el 18 de marzo de 2004.
El documento (disponible en www.cidh.org) destaca varios aspectos positivos de la Constituci�n Nacional vigente desde diciembre de 1999, entre ellos la norma que reconoce rango constitucional a los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado; la ampliaci�n de las condiciones jur�dicas de la protecci�n de la seguridad e integridad personal; la inclusi�n de normas especiales sobre derechos humanos, como son los derechos de los pueblos ind�genas y los derechos econ�micos, sociales y culturales; y la creaci�n de nuevas instituciones dedicadas a la protecci�n de los derechos humanos.
"Sin embargo _se se�ala en el comunicado de prensa 9/04_ la CIDH observa preocupantes signos de fragilidad institucional, entre los cuales figuran la falta de aplicaci�n �ntegra de la nueva Constituci�n, la percepci�n de falta de independencia de los poderes del Estado y la creciente concentraci�n de poder en el Ejecutivo Nacional, la actuaci�n impune de ciertos grupos civiles armados y de grupos parapoliciales, los constantes ataques contra periodistas y medios de comunicaci�n y la tendencia hacia una militarizaci�n de la Administraci�n P�blica mediante el rol cada vez m�s protag�nico de la Fuerza Armada".
Ley de Contenido
El 30 de noviembre de 2004, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos manifest� su preocupaci�n por la aprobaci�n del Proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisi�n, promovido por el oficialismo.
El pronunciamiento de la CIDH se fundament� en las informaciones aportadas por la Relator�a para la Libertad de Expresi�n en cuanto a la incompatibilidad de dicha ley con el art�culo 13 de la Conven ci�n Americana sobre Derechos Humanos.
En el comunicado 25/04 se indic�: "el proyecto aprobado mantiene los condicionamientos de veracidad y oportunidad de la informaci�n para la definici�n de los programas informativos. La Comisi�n ha expresado que ese tipo de condicionamientos vulneran el art�culo 13 de la Convenci�n Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, asimismo, ha dicho que: no ser�a l�cito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un r�gimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que ser�an falsas a criterio del censor (Opini�n Consultiva Nro. 1985)".
Se advirti� que el nuevo instrumento jur�dico incluye t�rminos vagos y sanciones que podr�an ser excesivas, con lo cual se puede "causar un efecto amedrentador sobre los medios de comunicaci�n y los periodistas, limitando el flujo de informaci�n sobre cuestiones de inter�s p�blico".
Adem�s, se cuestion� la hegemon�a estatal sobre los organismos de control y sanci�n, pues ello pod�a "resentir el ejercicio de la libertad de expresi�n".
EL UNIVERSAL ��������������������������������������������������������� Caracas, Jueves 4 de agosto de 2005
Comit� para la Protecci�n de los Periodistas
Exhortan a cerrar averiguaci�n penal
El Comit� para la Protecci�n de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingl�s), organizaci�n independiente y sin fines de lucro que se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo, envi� una comunicaci�n al fiscal general de la Rep�blica, Isa�as Rodr�guez, mediante la cual manifest� preocupaci�n por la apertura de una averiguaci�n penal contra El Universal, a partir de la publicaci�n del editorial "Justicia arrodillada", del pasado 25 de julio.
"La Fiscal�a ha invocado anacr�nicas disposiciones sobre el desacato o vilipendio que penalizan expresiones ofensivas dirigidas a funcionarios p�blicos o instituciones del Estado. Lo exhortamos a abandonar tal investigaci�n, que tiene como fundamento normas que suprimen el derecho democr�tico fundamental de la libertad de expresi�n", se indica en el documento suscrito por la directora ejecutiva de CPJ, Ann Cooper, y reenviado al embajador de Venezuela en EEUU, Bernardo Alvarez; el relator para la Libertad de Expresi�n de la OEA, Eduardo Bertoni, as� como a otras 24 organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresi�n y el derecho a la informaci�n.
Se record� que en la comunidad internacional existe un consenso cada vez mayor en el sentido de que los funcionarios p�blicos deben estar sujetos a una mayor fiscalizaci�n y que �stos no deben gozar de mayor protecci�n que resto de los integrantes de la sociedad.
En ese orden de ideas, se mencionaron los reiterados pronunciamientos del sistema interamericano de derechos humanos contra las leyes de desacato: 1) el informe de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos sobre la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, emitido en 1994; 2) la Declaraci�n de Principios sobre Libertad de Expresi�n de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, suscrita en 2000; y 3) la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica, seg�n la cual las cr�ticas a funcionarios p�blicos deben gozar de "un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos p�blicos".
Se record� que recientemente Honduras y Guatemala erradicaron los delitos de desacato de sus respectivos c�digos penales, precisamente en acatamiento de la jurisprudencia del sistema interamericano de protecci�n de los derechos humanos.
El Comit� para la Protecci�n de los Periodistas concluy� en su misiva se�alando que "la investigaci�n penal contra El Universal s�lo sirve para in timidar a los cr�ticos del Gobierno".
Por ello, pidi� al fiscal general de la Rep�blica, Isa�as Rodr�guez, que desista de la idea de perseguir penalmente al diario El Universal o a cualquier otro ente p�blico o privado que exprese su disidencia frente a la actuaci�n de las instituciones p�blicas venezolanas._EL