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Independencia de los Poderes Públicos
¿ESTÁ EL NUEVO PODER CIUDADANO (FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEFENSOR DEL PUEBLO) CONTROLADO POR EL PODER EJECUTIVO?
Sumario
1. Isaías Rodríguez ocupó los siguientes cargos anteriores al de Fiscal General de la República (FGR): (1) miembro del comando de campaña del actual Presidente de la República para el proceso electoral de 1998, (2) Senador electo en noviembre de 1998 por el Estado Aragua en las planchas del Movimiento Quinta República, principal partido de Gobierno, (3) miembro de la Asamblea Nacional Constituyente electo en las planchas oficialistas a partir de abril de 1999 y 1er. Vicepresidente de ésta y por último, (4) fue designado directamente por el Presidente de la República como Vicepresidente Ejecutivo de la República el 23 de enero de 2000. Renunció al cargo de Vicepresidente en diciembre de 2000 y luego fue postulado a la AN como candidato a Fiscal General de la República. 2. El 26 de diciembre de 2000 fue designado como FGR por la Asamblea Nacional (AN). De esta manera hubo una clara violación del principio de independencia de poderes y de imparcialidad establecido en el artículo 145 de la Constitución al tratarse justamente de la autoridad en resguardo de la legalidad y del Estado de derecho. 3. La FGR presidida por Isaías Rodríguez ha iniciado 400 imputaciones por razones de disidencia política. Sin embargo, no se sabe nada acerca de los 250 presuntos casos de corrupción de funcionarios gubernamentales. Entre los casos más notorios en contra de la oposición están: La solicitud de anulación de la sentencia del 14 de agosto de 2004 según la cual se exoneró de los cargos de rebelión militar a los militares implicados en los sucesos de abril de 2002. La sentencia fue revisada y anulada. Vale recordar que ésta no fue una solicitud por iniciativa propia del Fiscal General de la República sino influida por el propio presidente del TSJ, Iván Rincón Urdaneta, quien lo instó a que solicitara la revisión de la causa. La solicitud de imputación a Maria Corina Machado, Alejandro Plaz y otros miembros de SÚMATE por el delito de conspiración. La solicitó de imputación al abogado Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Andina de Juristas y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que éste estaba involucrado en la redacción del decreto con el que Pedro Carmona disolvió los poderes públicos el 12 de abril de 2002 tras asumir la Presidencia de la República por escasas 48 horas. 4. Con respecto a los sucesos ocurridos el 11 de abril de 2002 y a pesar de que entre los Acuerdos de la Mesa de Diálogo coordinada por el Secretario General de la OEA se solicitó el establecimiento de una Comisión de la Verdad ?punto 11?, ni la Asamblea Nacional ni la Fiscalía General de la República han tomado ninguna iniciativa para esclarecer los hechos ocurridos en dicha fecha. 5. Recientemente, la organización Foro Penal Venezolano, presentó un informe acerca de ??las múltiples irregularidades?y la apertura de un sin número de procesos e investigaciones penales de índole político con ocasión de los lamentables sucesos ocurridos en Venezuela durante los días 11, 12 y 13 de abril de 2002?. En el informe se afirma que: ?... 9 jueces y 10 fiscales concentran los expedientes de 400 imputados políticos?. 6. De igual manera, un grupo de abogados de los países andinos agrupados en la Comisión Andina de Juristas, emitió un comunicado con fuertes críticas a la Fiscalía General de la República 7. A pesar de que el Fiscal General ha rechazado algunas de estas críticas, la posición del Foro Penal Venezolano y de la Comisión Andina de Juristas coincide con un memorando del Fiscal Isaías Rodríguez publicado el 8 de junio de 2005 en la página web de la Fiscalia General de la República. Dicho memorando, cuyo asunto dice: Trabas Burocráticas en el Ministerio Público, critica severamente el funcionamiento de esta institución que tiene ya seis años bajo su dirección. Recientemente fue publicada una segunda parte del mismo, igualmente firmada por el propio Fiscal. 8. Clodosbaldo Russián fue designado como Contralor General por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999 y ratificado por la Asamblea Nacional en el año 2000 por un período de 7 años. Clodosbaldo Russián fue militante de uno de los partidos que apoyaron al Presidente Hugo Chávez Frías en su ascenso a la Presidencia. De las denuncias presentadas, no se conoce hasta la fecha ni un sólo caso de acusación a algún funcionario del régimen por actos de corrupción. 9. Germán Amundaraín fue designado como Defensor del Pueblo por la Asamblea Nacional el 26 de diciembre del año 2000. Anteriormente se había desempeñado como abogado en el ejercicio privado y había ocupado algunos cargos públicos de tercer nivel en la administración. Aún cuando su función primordial, de acuerdo con el artículo 280 de la Constitución, es la defensa de los intereses legítimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos y ciudadanas; éste se ha caracterizado más bien por defender la gestión del Gobierno en diversos foros nacionales e internacionales. Por ejemplo, en febrero de 2004, cuando se denunciaron excesos policiales en contra de manifestantes en Caracas que condujeron a arrestos y detenciones, el Defensor del Pueblo declaró: ?... en Venezuela no hay presos políticos sino políticos presos?. El episodio más reciente en este sentido ocurrió cuando haciéndose eco de la campaña del Presidente Chávez Frías en relación a la presunta intervención de los Estados Unidos en Venezuela, denunció este hecho en un discurso durante el 61º Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos que se realizó en las Naciones Unidas, en Ginebra, entre el 11 y el 16 de abril de 2005 .
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